Xavi Moret
Martes, 30 de diciembre 2014, 15:37
El patronato de Feria Valencia ha recibido un escrito del interventor general de la Generalitat que establece que la institución es de naturaleza privada, hecho que rectifica el criterio de uno de sus interventores delegados, que consideró que la institución era pública. De esta manera, el órgano fiscalizador de la Generalitat asume el criterio del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que en septiembre emitió un dictamen en el que consideró al recinto ferial una institución privada de utilidad pública.
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Así lo han anunciado hoy en una rueda de prensa el presidente de Feria Valencia, José Vicente González, y la presidenta del patronato de la entidad y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha opinado respecto al anterior criterio del organismo fiscalizador que el interventor delegado enviado a Feria Valencia se extralimitó en sus conclusiones sobre la naturaleza pública del recinto. En esta línea, ha insistido en que la entidad siempre ha sido privada y que, por lo tanto, la Generalitat no tenía capacidad para fiscalizarla al no formar esta parte del sector público empresarial valenciano.
El cambio de criterio se produce a instancias de la Conselleria de Hacienda dirigida por Juan Carlos Moragues, que solicitó a finales de noviembre a la Intervención de la Generalitat que revisara sus conclusiones sobre la naturaleza pública del recinto con el objetivo de desbloquear la situación de la institución, cuya indefinición, unida a la investigación de la Fiscalía sobre los sobrecostes millonarios en las obras de ampliación del complejo, había frenado en seco la separación en dos empresas del negocio ferial de la institución -por una parte- y su patrimonio y deuda -por otra-, un proyecto al que Feria Valencia ha fiado su futuro y que ahora comienza a concretarse.
En este sentido, en la reunión de hoy el patronato ha acordado que Feria Valencia se transformará en un consorcio autonómico en el que el control será de la Generalitat, aunque el ayuntamiento de Valencia conservará los derechos patrimoniales sobre el recinto. Dicho consorcio cederá la explotación del negocio ferial a una empresa privada, para lo que, probablemente, se convocará un concurso público.
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