El administrador concursal de Aidico encarga una 'due diligence' para venderlo en bloque

El plan de liquidación del instituto tecnológico de la construcción (Aidico), en concurso de acreedores desde enero, podría acabar con una colocación en bloque del centro en lugar de con su venta por partes, tal y como se había planteado hasta ahora. Ese sería el objetivo de la medida adoptada recientemente por el administrador concursal, que ha encargado una due diligence para que los potenciales aspirantes conozcan la situación real del instituto, cuya deuda ronda los ocho millones de euros.

Uno de los principales acreedores del instituto es la Generalitat, que en octubre de 2013 fue intervenido y rescatado con una inyección de 1,4 millones de euros del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Si se consigue colocar el centro en bloque en lugar de trocearlo, el nuevo propietario se haría cargo también de la deuda. Fuentes implicadas en el proceso apuntan que carecería de sentido que el administrador hubiera encargado la due diligence si no fuera con la intención de vender el centro íntegro.

Por el momento, solamente existen dos ofertas sobre la mesa. Una de ellas ha sido planteada por una parte de los trabajadores del centro, mientras que tras la otra se encuentra la federación valenciana de empresas de construcción (Fevec). En ambos casos pujan por unidades productivas concretas, no por el instituto en su conjunto.

La propuesta que surge de los trabajadores está encabezada por el 80% de la plantilla de Aidico Certificación, una de las divisiones del centro. Según anunciaron ayer estos empleados, acaban de constituir una sociedad que pujará por la unidad de certificación de Aidico.

Aseguraron disponer de recursos líquidos por valor de 350.000 euros, pero no concretaron la identidad de su socio externo. Según fuentes conocedoras de la oferta, parte del capital sale de las deudas salariales con la plantilla, a la que se le deben seis nóminas. Los trabajadores tendrían una participación minoritaria en la sociedad recién constituida.

Esta propuesta es complementaria a la planteada por la patronal valenciana de la construcción, que se quedaría con el resto de unidades productivas de Aidico, como el centro tecnológico del mármol, en Novelda; la unidad de pirotecnia; o el centro de viales.

La combinación de las dos ofertas se quedaría con alrededor del 70% del instituto de la construcción y mantendría a 63 trabajadores. El 30% restante del centro iría a liquidación.

Propuesta israelí

Al margen de estas dos propuestas existe un grupo inversor israelí interesado que todavía está preparando su oferta. Fuentes conocedoras del proceso dan por hecho que pujarán para quedarse la totalidad del instituto, para lo que están analizando su estado. Estos inversores, que ya han contactado con el Gobierno valenciano y con la patronal de la construcción para trasladarles su intención de colaborar, son los mismos inversores que adquirió Sopena Metales, cuyo plan de liquidación fue aprobado hace poco más de un año.

Los trabajadores que impulsan la oferta por la división de certificación mostraron ayer su recelo sobre la posibilidad de acabar bajo la tutela de estos inversores. "La intención de los trabajadores es evitar que la unidad de certificación de Aidico caiga en manos de alguna multinacional que no apueste por la filosofía de trabajo actual, de atención personalizada y de apoyo técnico a los clientes", aseguraron en un comunicado.

Además, se refirieron al posible interés por el centro por parte de "diversos fondos de inversión", entre los cuales está el de capital israelí. Esta propuesta, que asumiría los activos y la deuda, "cuenta el apoyo del propio Consell", según sostuvieron los empleados de Aidico.

Aunque los problemas económicos de Aidico comenzaron con la crisis, estos se agravaron a partir de 2011, con los primeros retrasos en el pago a empleados y proveedores. Al año siguiente aplicó un ERE temporal que derivó en un expediente de extinción por el que salió el 20% de la plantilla.

El centro fue intervenido y rescatado en octubre de 2013 por el Ivace, que forzó la dimisión de todo el consejo rector. Pese a todo, el director gerente, Ramón Congost, aún logró mantenerse en su cargo con un salario de 95.000 euros porque le faltaban pocos meses para la jubilación. Gran parte de los ejecutivos salieron en un ERE posterior, mientras que el gerente dimitió con la presentación del preconcurso, a finales del año pasado.