El Consell rechaza Puerto Mediterráneo tras 47 informes a favor y cuatro años de trámites

La Generalitat sentenció ayer el macrocentro Puerto Mediterráneo, proyectado por Intu Eurofund en Paterna y que preveía una inversión de 863 millones de euros y 5.900 empleos, más otros entre 1.700 y 4.500 para la construcción. Sus impulsores reivindicaban los 47 informes favorables de organismos como el Ministerio de Fomento, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar en los cuatro años de tramitación, pero la memoria que emitió ayer la Comisión de Evaluación Ambiental -a cargo del departamento de Elena Cebrián, de Compromís- fue desfavorable, «una decisión muy importante para pensar que el proyecto hasta aquí ha llegado», según el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, presidente del órgano formado por directores generales, subdirectores y jefes de servicio de Medio Ambiente (Compromís) y de Vivienda (PSPV), que tiene la última palabra.

El proyecto, declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE) en 2013, motivó más de 60 informes, según indicaron a LAS PROVINCIAS desde la Generalitat, y acabó convertido en blanco de críticas por parte de Compromís, hasta el punto de ser tildado de «pelotazo con amiguitos» por el conseller de Economía, Rafael Climent, y de «barbaridad, insostenible e inviable» por la vicepresidenta Mónica Oltra, a la que el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, replicó que mandaría a su despacho a los vecinos que fueran a pedirle un trabajo. En septiembre de 2015, Ximo Puig zanjó esa polémica y garantizó que su gobierno hará «lo que le toca», aunque les «guste más o menos», y un año después, ese motivo de discordia entre socios del Consell, quedó fuera también del acuerdo de gobierno sellado este mes por PSPV y Compromís en Paterna.

Puerto Mediterráneo se ve ahora prácticamente abocado a volver a la casilla de salida por una decisión adoptada, según Álvaro, «en clave estrictamente técnica» y mediante «un acuerdo general en relación a que determinados puntos se incumplen de forma clara», sobre todo los relativos a la propuesta de accesos que cuestionaron este verano el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Movilidad valenciana.

El portavoz de Els Verds atendió ayer a los periodistas acompañado de los directores generales de Medio Natural, Toni Marzo, y de Urbanismo, Lluís Ferrando, de consellerias distintas pero ambos vinculados a Compromís, para evidenciar la implicación de las carteras Medio Ambiente y de Vivienda en el veredicto con el que esta última dictará la resolución definitiva sobre la ATE.

Entre las «razones técnicas» que esgrimen, destacó las discrepancias sobre las franjas de protección de la CV-35 y la CV-31, que la empresa estableció en 50 y 25 metros, «mientras que legalmente son justamente el doble, 100 metros para la CV-35 y 50 para la CV-31». También dijo que «contradice la estrategia valenciana del cambio climático, por los niveles de contaminación», y la «estrategia territorial», con un impacto «mucho más amplio» del previsto, algo «especialmente importante» al ser «la única gran bolsa de suelo no urbanizable común en el entorno metropolitano de Valencia».

Los promotores de la ATE esperarán a tener una comunicación oficial para adoptar medidas, pero mantienen abiertas todas las opciones para intentar salvar el proyecto por vía administrativa y, si no, judicial.

Sobre sus alegaciones al problema de accesos, Ferrando aseguró que Movilidad, en un nuevo informe, «considera que es irreversible y no puede ser solucionado, al menos no como propone». Además, vinculó este caso con «la ZAL o Marina d'Or Golf, anuladas por la falta de rigor técnico y porque, con criterios políticos, se solucionaban cosas que no se deberían haber aprobado».

Seguridad jurídica

«Es fundamental dar la máxima seguridad jurídica», sentenció el titular de Urbanismo, a lo que Álvaro agregó que son «una administración seria». Por su parte, desde Compromís per Paterna afirmaron que seguirán «trabajando para que el Consell entierre definitivamente» el proyecto, mientras que el alcalde confió en que «Medio Ambiente argumente debidamente el rechazo para garantizar la seguridad jurídica».