2024: nuevo calendario, ¿los mismos retos pendientes de la Economía?

Infraestructuras. Más inversiones

Es, junto a las renovables, una de las áreas que más asignaturas pendientes tiene. Empezando por la infraestructura que más titulares ha dado en las últimas semanas, el puerto de Valencia, donde 2024, además de traer la adjudicación de las obras de la terminal norte, deberá servir para resolver qué sucede con la terminal de cruceros, la ZAL y los recursos judiciales.

En materia ferroviaria la lista es larga: el Plan de Cercanías, donde apenas se ha ejecutado una tercera parte de las inversiones previstas; el corredor mediterráneo, que tiene un año clave para avanzar en obras, en la conexión con Francia y en proyectos relacionados como el canal de acceso o el túnel pasante; la electrificación de la línea a Zaragoza; el tren de la costa; las autopistas ferroviarias; o los trabajos en las estaciones del Norte y Joaquín Sorolla.

Las peticiones de los transportistas para contar con aparcamientos seguros o mejorar accesos a polígonos, la ampliación del by-pass y la V-30 o qué sucede con los 200 millones reclamados por la Conselleria de Infraestructuras al Ministerio de Transportes son otros de los temas que siguen abiertos.

Renovables. Desatascar la burocracia

La agenda 2030 apremia y la Comunitat está todavía muy lejos de sus objetivos en materia de energía renovable. El atasco en la gestión de expedientes de proyectos por parte de la Generalitat es un problema que se remonta años atrás y que no sólo afecta a las empresas, que corren el riesgo de perder sus inversiones, sino que juega en contra de la autosuficiencia energética.

Los últimos datos ofrecidos por la Conselleria de Industria revelan que hay más de 400 expedientes pendientes de obtener una resolución por parte de la Generalitat –que se encarga de los proyectos inferiores a 50 megavatios– y, por tanto, pasar a la siguiente fase. El objetivo es llegar a una potencia de 6.000 megavatios en fotovoltaica y 4.000 en eólica en 2030. Actualmente, sólo hay 459 MW conectados a la red de tecnología solar fotovoltaica y 1.243 de eólica.

Sin embargo, los proyectos se enfrentan a multitud de trabas burocráticas y un largo proceso administrativo que en los últimos años, además, ha lidiado con la disparidad de criterios por las diferencias ideológicas en el Botánico. A lo que se suman la falta de personal y la oposición de algunos ayuntamientos a la implantación de parques.

Por ello, el principal reto al que se enfrenta el sector energético valenciano es conseguir la ansiada agilización de los trámites administrativos y que se termine con la inseguridad jurídica derivada de esta situación. El anterior Consell ya sacó adelante varias normas para simplificar trámites y amplió el personal, lo que permitió avanzar en los expedientes más urgentes el pasado año. Sin embargo, sólo fue un parche y el trabajo acumulado sigue siendo ingente, tal y como advierten desde la patronal Avaesen.

Por lo pronto, el Consell de Mazón asegura que ultima «un plan de choque» para acelerar la tramitación de estos proyectos, que además ahora cuentan con tres años más para su puesta en marcha por la ampliación de plazos del Gobierno aprobada esta semana. «Pero esto no debe llevar a la Administración a relajarse», advierte Avaesen.

Vivienda. Emergencia habitacional

Los precios de la vivienda y, en especial, de los alquileres en la Comunitat han derivado en una situación de emergencia habitacional que clama al cielo. Los últimos datos de Tinsa revelan que la región encabeza el encarecimiento al cierre del año, con un incremento de los precios del 7,5%, sólo por detrás de Navarra y Baleares. Además, es la que más eleva los precios también respecto al tercer trimestre de este año, hasta situarse en los 1.384 euros el metro cuadrado.

Sin embargo, esa cifra es sólo una media de toda la autonomía, por lo que no refleja el problema de accesibilidad que viven las principales ciudades, con Valencia en primer lugar. La capital del Turia llega a superar los 3.000 euros el metro cuadrado en obra nueva. Más sangrante es la situación del alquiler, donde se están rebasando los 1.500 euros por un piso, según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV. Incluso, ya cuesta encontrar habitaciones por menos de 600 euros.

¿La solución? Construir más vivienda, tanto privada como pública. Es la vía efectiva para que caigan los precios. Por ello, expertos de la Cátedra reivindican a la Administración que genere suelo para obra nueva y lanzar vivienda social. Esa es la receta necesaria que debería iniciarse ya para comenzar a ver resultados en tres años.

Industria. Los costes, la gran preocupación

Elevados costes energéticos –con el azulejo como el principal damnificado–, financieros, de materias primas y componentes, escalada de los costes laborales, dificultades para encontrar personal cualificado, freno a las inversiones... Es el panorama al que se enfrentan las empresas valencianas y que van a continuar en 2024, aunque pueden verse minorados por la bajada de los tipos de interés y por los mensajes del Consell de generar un clima favorable a la actividad empresarial y la inversión.

El foco de este nuevo año estará en Ford, por el temor a un nuevo ERE, y en Volkswagen, por los avances en la gigafactoría de Sagunto. También en la nueva sociedad pública de las ITV, donde hay embrollo por resolver, y en los pasos que dé Feria Valencia, que cumplirá su primer año como empresa pública.

Agricultura. Una batalla tras otra

El campo valenciano suma una batalla tras otra y sus retos no dejan de acumularse. Hace tan sólo unos días, La Unió Llauradora recordaba los efectos de la climatología adversa, derivada del cambio climático, como el principal problema de 2023. Los cítricos, caquis y la uva de vinificación fueron los cultivos que más indemnizaciones registraron, aunque el producto que más mermó su producción fue el cereal, con una reducción del 64%.

Las ayudas europeas (PAC) son todavía un frente abierto, ya que dejan fuera a la gran mayoría de agricultores valencianos por el tamaño minifundista de los cultivos y criterios comerciales que no atienden a los problemas de rentabilidad. A esto se suman las últimas restricciones en el uso de ciertos productos fitosanitarios, como pesticidas, que en el caso del arroz bomba está suponiendo una verdadera complicación para el control de plagas. Para más 'inri', se enfrentan a la amenaza de otras enfermedades que pueden llegar a través de las exportaciones de naranjas de Sudáfrica y otros países terceros. Aunque se logró imponer el tratamiento en frío, todavía no se aplican en mandarinas y pomelos.

Por último, otro desafío que también viene desde la Unión Europea: el cuaderno digital. Esta herramienta implica un control rutinario de las explotaciones que debe subirse a una aplicación, ya sea a través de un móvil u ordenador. Cada agricultor y ganadero debe anotar cada operación, una exigencia que requiere de ayuda externa, especialmente de ingenieros agrónomos, un gasto que supone un lujo para la mayoría.

Todos estos desafíos se suman a uno que es estructural: la baja rentabilidad. Los precios que se pagan al agricultor, sumado al incremento de los costes por la inflación, dejan en una situación crítica a multitud de productores, lo que se acaba traduciendo en el abandono de campos y la falta de relevo generacional.