Abogacía e Intervención rechazan la propuesta de Economía para Feria Valencia

La primera ha emitido un informe sobre el decreto-ley de instituciones feriales de la Comunitat, elaborado por el área del conseller Rafael Climent, que rechaza la fórmula de convertir a Feria Valencia –y también a la Institución Ferial Alicantina (IFA)– en una corporación de derecho público, una figura jurídica propia de las cámaras de comercio o de los colegios profesionales. Para la Abogacía esta opción (tanto su constitución como la regulación y funcionamiento) no figura entre las competencias propias del Consell.

No obstante, esta «solución estructural» propuesta por Economía «no afectaría realmente a la actividad ferial», señala el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Por ello, propone que se acuda al trámite parlamentario ordinaria. «Si lo que se pretende es modificar la naturaleza jurídica de las ferias convirtiéndolas en corporaciones de derecho público, entendemos que no concurre en dicha pretensión una extraordinaria y urgente necesidad que no pueda conseguirse por el trámite parlamentario ordinario, y con sujeción a los principios de participación pública y transparencia que el mismo garantiza», refleja el informe del servicio jurídico.

Asimismo, el escrito de la Abogacía respalda las tesis de Hacienda, que ya remarcó que la fórmula escogida no resuelve el problema de la deuda que arrastran las instituciones feriales (474 Valencia y 76 Alicante) y que, pese a ser asumida por el Consell, figura como cuenta acreedora. Para el departamento que dirige Vicent Soler la solución a la deuda de Feria Valencia pasa por convertirla en una empresa pública de forma que se pueda eliminar la cuenta acreedora a favor de la Generalitat. Y es ahí donde PSPV y Compromís discrepan.

En este sentido, el análisis jurídico de la Abogacía se hace eco del planteamiento de Hacienda: «A los efectos de resolver los problemas actuales de Feria Valencia y de IFA, y de garantizar su viabilidad financiera futura, debe tenerse en cuenta que la solución propuesta supondrá que las instituciones feriales, en cuanto corporaciones de derecho público tienen naturaleza jurídico-privada, no forman parte del sector público valenciano y, frente a la Generalitat, serán un tercero de carácter privado».

Es decir, en caso de seguir adelante con la corporación de derecho público, el Consell no podrá utilizar fórmulas como las del contrato-programa, no podrá ceder o adscribirle las instalaciones feriales que son de su pertenencia y «estará limitada en su financiación por el derecho de la competencia y los limites derivados de las ayudas de Estado». «En definitiva, no siendo las instituciones feriales parte del sector publico los mecanismos para colaborar en su viabilidad financiera, no podrán ser los que la ley prevé para las administraciones públicas», recoge el informe.

En sus conclusiones, además, plantea como posible solución los problemas jurídicos derivados de la corporación de derecho público, la figura del consorcio administrativo, que formaría parte del sector público.

También la Intervención ha mostrado sus reticencias al decreto de Economía, según indican fuentes de Presidencia. La decisión final se adoptará en el pleno del Consell, que es quien debe aprobar el decreto. Este rechazo se conoce unos días antes de que se reúna el patronato de Feria Valencia.