El fallecimiento de un operario municipal de la limpieza de Madrid hace dos semanas, provocado por las altas temperaturas, fue la gota que colmó el vaso de la indignación social. No es el primer trabajador en morir durante su jornada laboral, pero ... José Antonio González ha recordado, con su muerte la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos de control de los riesgos derivados de la actividad profesional.
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En la Comunitat, el último suceso de este tipo que saltó a los medios de comunicación fue la caída de un trabajador de 39 años el pasado 19 de mayo al precipitarse desde el techo de una nave industrial a 12 metros de altura en Rafelbunyol. Sin embargo, la realidad va más allá de lo que llega a convertirse en noticia. Y es que los últimos datos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) reflejan un escenario demoledor: en la Comunitat se producen 140 accidentes laborales al día y, al menos, una muerte a la semana.
Estas cifras corresponden al periodo entre junio de 2021 y mayo de 2022. En estos doce meses, se registraron un total de 51.084 accidentes con baja en jornada de trabajo, con un aumento de 0.799 casos en relación con el mismo periodo del año anterior y que representa un incremento del 1,6%.
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El problema, como indica Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO PV, es que se ha producido un estancamiento de la reducción de la siniestralidad laboral desde el año 2012. Además, denuncia que existe un «infrarregistro» de las enfermedades profesionales (MP), por lo que al no ser catalogadas como tal, se clasifican como enfermedades comunes.
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«Hay muchos elementos que explican esta situación. Buena parte de las empresas, cuando se habla de prevención de riesgos, lo enfocan desde un punto de vista más formal y burocrático que real. Es decir, tratan de cumplir con la ley, pero no entienden la prevención como algo que forma parte de la propia organización de la empresa», afirma Mayor, quien insiste en que hay que ver la prevención como una necesidad y no como una obligación.
Por su parte, Marisa Baena, secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV, destaca los riesgos psicosociales que pueden dar lugar a problemas de salud mental. «Además, el estrés puede derivar en accidentes traumáticos», explica Baena, que indica que este tipo de siniestros son «fácilmente evitables» si se ponen en marcha los mecanismos preventivos. En cuanto a los siniestros provocados por la ola de calor, Baena sostiene que todos los años se realizan campañas de concienciación desde las delegaciones sindicales, pero admite que esto no llega a todas las empresas, en especial a las pymes donde no hay representación sindical. «En la página de Sanidad se encuentran las previsiones y es posible adaptar los turnos de trabajo a esto. Y los turnos que se realicen en horas de mayor riesgo, habría que eliminarlos», agrega.
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El responsable de Salud Laboral en CCOO PV, Jaume Mayor, es contundente cuando se habla de salud mental en el ámbito laboral. «De eso ya ni hablamos», exclama. «Es un problema cada día mayor y hay mucho camino que recorrer. El estrés al que se someten los trabajadores no está reflejado en ninguna estadística», señala.
La precariedad de las condiciones laborales va de la mano con estos riesgos y en no pocas ocasiones el trabajador accede a realizar su labor en situaciones peligrosas. «Se juegan antes su vida que su puesto de trabajo. Entonces, llegan a momentos límite, hasta que es demasiado tarde. El trabajador tiene derecho a negarse a trabajar en condiciones de riesgo», apostilla Baena.
La Ley de prevención de riesgos laborales es de 1996 y tras su puesta en marcha se produjo una reducción de la siniestralidad que se mantuvo estable entre 1999 y 2012. Según explica Mayor, es a partir de la reforma laboral cuando se estancó la reducción de la siniestralidad. «En 2012 cambió la tendencia de estabilización y comienza un incremento de la siniestralidad que se ha mantenido debido a la precarización del mercado laboral», puntualiza.
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Por sectores, el informe del Invassat revela que el sector en el que más accidentes hubo en ese periodo fue servicios, con 29.692 casos, seguido de industria con 10.770 casos y agricultura, con 2.844. Sin embargo, esto no significa que el sector de la hostelería y comercio conlleve más riesgos laborales, sino que al haber más actividad y mayor número de ocupados, se producen más casos. El sector con más peligrosidad en la Comunitat es la construcción, seguida de agricultura, industria y servicios. En concreto, el índice de incidencia -casos por cada 100.000 trabajadores- se distribuye de la siguiente manera: la construcción registra 5.706,9 casos; el agrario, 5.305,1; la industria, 3.671,2; y servicios, 2.041,2. De manera general, el índice de incidencia del total de accidentes con baja en jornada de trabajo fue de 2.636,0 casos por cada cien mil trabajadores expuestos.
Por lo que respecta a los accidentes graves, se registraron 355 casos, con una disminución de 23 siniestros que representa una reducción del 6,1%. Por sectores, en los accidentes graves, el índice de incidencia se distribuye de la siguiente manera por cada cien mil trabajadores: el sector agrario es 22,4; la industria es 28,6; la construcción es 74,1 y los servicios es 10,9.
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Ahora bien, el dato de los accidentes mortales entre junio de 2021 y mayo de 2022 en la Comunitat anotó una cifra demoledora: 66 casos, sólo una muerte menos que el año anterior. Con ello, el índice de incidencia de los accidentes mortales fue de 3,4 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, donde sí hay una reducción, aunque leve, del 6%. Por sectores, en los accidentes mortales, el índice de incidencia se distribuye de la siguiente manera por cada cien mil trabajadores: el sector agrario es 14,9; la industria es 5,1; la construcción es 6,6 y los servicios es 2,3. Las secciones de industria manufacturera y de transporte y almacenamiento con 13 casos (19,7%) cada una, ocupan el primer lugar; la sección de construcción con 9 casos (13,6%), ocupa el segundo lugar y la sección de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 8 casos (12,1%), ocupa el tercer lugar.
Estas cuatro secciones económicas representan el 65,1% del total de los casos. De los 66 casos registrados, 24, es decir, el 36,4% de los casos, fueron patologías no traumáticas (accidentes cardiovasculares), 10 casos, es decir, el 15,2%, fueron accidentes asociados al tráfico y los 32 casos restantes fueron accidentes traumáticos y representan el 48,5%.
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Detrás de esta vorágine de cifras y datos se esconden todo tipo de situaciones y peculiaridades. La economía sumergida también implica un mayor riesgo, debido a que la actividad se desarrolla sin tener en cuenta el cumplimiento de normativa alguna. Según Mayor, la ley de prevención de riesgos «es muy generalista» y amplia y depende de cada empresa desarrollarla. «No creo que sea tanto la ley, sino la capacidad de controlar en las empresas y la capacidad a nivel sindical», afirma. «En materia normativa sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con enfermedades profesionales es necesario darle una vuelta», dice.
Precisamente, en las actividades del sector servicios es más frecuente desarrollar patologías profesionales en lugar de sufrir accidentes. «Este sector es el que más peso tiene en la Comunitat, por lo que abundan las enfermedades profesionales que tienen esta complicación de ser reconocidas como tal», explica Mayor.
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Según un estudio de la Universidad Carlos III, el 92% de las enfermedades profesionales no se reconocen nunca. La mayor parte de las patologías laborales reconocidas son las vinculadas a factores físicos. Se trata, por ejemplo, de trastornos musculoesqueléticos derivados de realizar un movimiento de manera repetida como, por ejemplo, sostener una bandeja, pasar horas manejando el ratón de un ordenador o cargar sacos a la espalda.
Sin embargo, cuando la enfermedad tiene su origen en el manejo o exposición a productos tóxicos o cancerígenos, no tiene el reconocimiento de ese origen laboral. «Muchas personas van a su puesto de trabajo automedicadas. Es el caso, por ejemplo, de camareras de piso o de personal en residencias de mayores, que muchas veces no tienen los medios de trabajo adecuados para mover a las personas», señala.
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El problema de esta situación radica en que lo que «no se registra, no existe» y, si no existe, no se pueden establecer mecanismos de prevención adecuados. Aunque no hay una fórmula infalible para acabar con la siniestralidad laboral, la responsabilidad recae en dos actores principalmente: la Administración, que debe reforzar las inspecciones y el control; y la propia empresa, que debe asumir como una necesidad lo que es una obligación.
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