Las ITV acusan al Consell de falsedad documental y reclamarán más de 130 millones por las tarifas anuladas

La tensión entre los concesionarios de ITV y el Consell se recrudece. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha roto su silencio y ha acusado a la Generalitat de falsedad documental porque, según indica, los datos del informe encargado a Nuve Consulting para defender la reversión del servicio «faltan a la verdad» con el «propósito» de condicionar a los tribunales a la hora de reclamar las indemnizaciones de las tarifas anuladas. Así mismo lo ha afirmado Manolo Trigo, vocal de la entidad, en la mañana del martes en el primer encuentro con periodistas que han convocado desde que estalló el conflicto hace ya cinco años. Precisamente, la asociación se reúne este miércoles con el conseller de Economía, Rafael Climent, para abordar esta cuestión.

Cabe recordar que el pleno del Consell aprobó el pasado viernes el decreto-ley que autoriza la creación de la sociedad valenciana de inspección técnica de vehículos, sociedad anónima mercantil, para prestar el servicio público de ITV y realizar las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat. El próximo año, cuando finaliza la concesión, arrancará la gestión directa en sustitución de las siete empresas actuales.

«Para empezar, el Consell dijo al juez que hay un pacto con nosotros y eso es mentira. En todo esto tiempo no se han reunido con nosotros y la comisión técnica lleva tres años sin celebrarse», ha criticado Trigo, quien además ha asegurado que volverán a reclamar los más de 80 millones de euros que el juez rechazó por un defecto de forma y a los que va a sumar otros 50 millones de euros por las tarifas anuladas entre mayo de 2019 y marzo de 2022. Esto eleva las indemnizaciones a más de 130 millones de euros, a lo que habría que sumar un 3% de interés anual.

Según los cálculos de la asociación, las estimaciones realizadas por el Consell para llevar adelante reversión del servicio ITV, con la construcción de nuevas estaciones, son un «auténtico delirio». En concreto, la entidad asegura que los costes laborales de todas las estaciones de ITV son un 55% superiores a los estimados por el Consell. Por otro lado, Trigo señaló que es «falso» el dato que da la Generalitat de margen de explotación. «Dicen que ganarán 36 millones cuando la realidad, en el mejor de los casos, estaría en torno a los ocho y diez millones de margen de explotación, un 60% menos », ha explicado.

«Esta conselleria ha utilizado documentos y datos falsos. Estos datos a su vez han inducido al juez, que indicó que nuestra reclamación se tenía que hacer por otra vía distinta a la extracontractual, pese a que hace cinco años nos dijo que era la correcta. Así que ahora procederemos a hacerla en modo contractual. Lo que no puede ser es que la Administración falte a la verdad. Está mintiendo», ha aseverado Trigo , quien añadió que «otra mentira» del Consell es que responsabilizan a los concesionarios de los precios. «Son ellos quienes los establecen y es nuestra obligación cumplirlos», ha agregado.

Otro datos «irreales» es que fijan el coste de la construcción de nuevas estaciones de ITV en 700.000 euros cuando en realidad cuestan entre 3 y 5 millones de euros; un gasto global de energía de 160.000 euros cuando Trigo señalado que solo a él le supone 180.000 euros, o por ejemplo tampoco incluyen los gastos de mantenimiento, reparación o maquinaria. Así, rebaja el resultado bruto de explotación de 35,2 millones a 11,4 millones, un 67% menos, con lo que «no se van a generar recursos para invertir como el Consell pretende en nuevas ITV».

Ante esta situación, la asociación ha encargado un informe pericial, en contraposición del de Nuve Consulting, para demostrar (según dicen) al Consell que «está equivocado» en sus cálculos. En caso de que no rectifique ni se llegue a ningún acuerdo, cada concesionario valorará realizar las pertinentes reclamaciones judiciales en base a ese informe pericial. Por su parte, el portavoz de la asociación, Francisco Llopis, ha señalado que su «principal interés es que las valencianas y los valencianos puedan disponer del mejor servicio: eficiente, de calidad y que no suponga un mayor coste para toda la ciudadanía».

Así, durante la jornada, los representantes de la entidad han avanzado algunos de los datos que incluye el informe AECOVA-ITV, un documento que, previsiblemente, se hará público en las próximas semanas. De acuerdo con los datos que maneja la asociación, la recaudación efectiva de las empresas de ITV para la administración, entre los años 1998 y 2022, es de 750.846.222 euros. Asimismo, el total de empleados a jornada completa en el año 2022 asciende a los 1.016, lo cual implica un coste anual de personal de 44.451.717 euros.

Del mismo modo, el número total de inspecciones en 2021 fue superior a los dos millones, concretamente, 2.337.435. En cuanto a las tarifas, la media ponderada de 2021 fue de 33,84 euros y la de 2022, 40,27 euros (sin canon variable, 30,94 euros, en 2021, y 37,37 €, en 2022). Con todo, la asociación de entidades concesionarias de la ITV de la Comunitat ha querido destacar que las previsiones de beneficios del informe que maneja el Consell, se basan en tarifas anteriores y un coste de personal desactualizado, tanto por el número de empleados como por costes.

En el marco del encuentro informativo, AECOVA-ITV también ha anunciado una ronda de contactos con grupos parlamentarios en Les Corts, así como con diversos agentes sociales y económicos para dar a conocer los resultados del informe y plantear escenarios de debate «favorables para el diálogo y la colaboración público-privada», según han señalado. Igualmente, el documento se presentará ante la Comisión de Estudio y Debate para la Reversión de los Servicios Públicos Externalizados, a quien se solicitará «una auditoría o informe distinto al de Nuve Consuting a un ente público, como el que realizó en su momento la Sindicatura de Comptes», han expresado desde la entidad.

Petición de una nueva prórroga

Por otra parte, Llopis y Trigo, en representación de la AECOVA-ITV, han mostrado su intención de solicitar a la Conselleria de Economía una prórroga del servicio, teniendo en cuenta los meses en los que vieron su actividad paralizada a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19. La asociación ha destacado que durante los meses más duros de la pandemia, «las ITV de la Comunitat Valenciana fueron referentes gracias al refuerzo de plantillas, la cualificación de la mano de obra y la eficacia de las medidas de prevención laboral».

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