En un enésimo grito de desesperación, los afectados por las plantas fotovoltaicas de Renovalia en la comarca de Los Serranos lanzan una última baza por la vía administrativa para tratar de acceder a la documentación pública que debe facilitar el Consell sobre los proyectos que ... están siendo investigados por la Fiscalía de Valencia. En concreto, Ecologistas en Acción enviará esta semana una solicitud dirigida al Consell de Transparencia ante la falta de respuesta por parte de la Conselleria de Industria, como órgano sustantivo, y la Conselleria de Agricultura, a la que las entidades agrarias solicitaron el blindaje de los cultivos de regadío como medida de protección.
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En concreto, la consulta hace referencia a los proyectos que ya tienen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, que son G7, G8 y G12 (la letra G es de Godelleta, el nombre del municipio). La asociación también pide información sobre el estado de tramitación de G4 para conocer de qué manera se procedió para otorgarle la DIA de manera retroactiva tras el informe positivo de Abogacía de la Generalitat, al cual no han podido tener acceso las entidades afectadas. La quinta planta sobre la que han solicitado documentación es la G14. «Pura y llanamente porque estamos en la máxima ignorancia», critican desde el colectivo afectado.
Cabe recordar que Renovalia está siendo investigada por la Fiscalía de Valencia por un presunto fraccionamiento de un mega parque fotovoltaico en otras 19 inferiores a 50 megavatios para poder tramitarlas vía autonómica y, de ese modo, evitar el aval estatal, más complicado de conseguir también porque implicaría una mayor afectación del terreno en un único proyecto.
Eso sí, no es la primera vez que el colectivo de agricultores y defensores del medio ambiente de La Serranía pide la mediación de Transparencia. Lo hizo el pasado año con tres consultas diferentes, sobre las plantas G6, G7 y G8. Sobre la G6, las entidades solicitaron los documentos en septiembre y en noviembre. Ahora, Ecologistas en Acción solicita la información relativa a las plantas fotovoltaicas que han sido denunciadas a la Fiscalía para conocer el estado de su tramitación como parte interesada en el conflicto.
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«La Dirección General de Energía y Minas, y en concreto su Servicio Territorial en Valencia no ha dicho más. La petición ha debido quedar en un cajón. Hasta ahora solo el Síndic ha tomado cartas, pero sus decisiones no son vinculantes», explican desde las entidades agrarias afectadas, que insisten en que la cooperativa perdería el 20% de su facturación si los proyectos salen adelante. En este caso, el conjunto de las plantas fotovoltaicas supondrían el parque más grande de la Comunitat, aunque diseccionado en 19 partes.
Precisamente, el Síndic de Greuges afeó al Consell que no facilitara la información a las partes afectadas en la tramitación de los parques fotovoltaicos. El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, se expresó de manera clara en un informe donde critica tanto a la Conselleria de Hacienda por su retraso en la implantación de la administración electrónica en la Generalitat como a la Conselleria de Industria por obligar a los afectados a presentarse presencialmente para solicitar la información.
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Elísabeth Rodríguez
La conselleria recibió la solicitud de acceso a un expediente el 22 de agosto de 2023 y no dio respuesta hasta que el interesado presentó una queja, tras la cual da acceso parcial al expediente. Sin embargo, bajo el argumento de que el expediente «es muy voluminoso», exigió que compareciera personalmente ante la Administración. El Síndic le indicó a Industria que debería tener los documentos digitalizados independientemente de que Hacienda no haya implantado aún el sistema electrónico de la Administración para que, de ese modo, pueda facilitar la totalidad de información vía electrónica a la ciudadanía.
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