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La Unió Llauradora i Ramadera denuncia el trato «dispar» del Jurado Provincial de Expropiaciones de Valencia en la tramitación de los expedientes relacionados con Parc Sagunt II. A través de su Departamento de Defensa del Expropiado, la organización manifiesta su «profunda preocupación y malestar ... ante los graves retrasos» del jurado en la resolución de estos procedimientos sobre el justiprecio de algunas fincas expropiadas.
Según indica la organización, a fecha de hoy, todavía hay propietarios que no han recibido la resolución de justiprecio, mientras que otros, en circunstancias similares, cuentan con dictámenes desde hace más de dos años e incluso han recibido las indemnizaciones correspondientes. «Esta evidente disparidad plantea serias dudas sobre los criterios de actuación del Jurado Provincial y su capacidad para gestionar de manera eficiente y equitativa un proceso tan sensible como el de la expropiación forzosa», agrega.
«¿Por qué unas fincas cuentan con resolución y otras no? ¿Qué justifica este trato desigual?», se cuestiona La Unió. Este retraso no solo agrava la incertidumbre y el descontento de los afectados, sino que también pone en entredicho los principios de transparencia, equidad y justicia que deberían regir cualquier proceso de expropiación.
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La Unió considera «inadmisible» que un organismo con la responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos «caiga en prácticas que denotan una preocupante falta de equidad y eficiencia». Los afectados se enfrentan así a un escenario de desprotección y falta de garantías, lo que resulta especialmente grave en casos que afectan a medios de vida vinculados al sector agrario, ya de por sí vulnerable.
Por ello, La Unió exige, en primer lugar, una revisión urgente y exhaustiva de los procedimientos internos del Jurado Provincial de Expropiaciones para identificar las causas de estos retrasos y corregir las irregularidades.
Además, la organización agraria demanda la resolución inmediata de todos los expedientes pendientes, con objeto de garantizar un trato igualitario y justo para todos los propietarios y, por último, el establecimiento de medidas correctivas para asegurar que no vuelvan a producirse situaciones similares en futuros procesos de expropiación.
Desde La Unió se insta a las autoridades competentes a actuar de manera firme y decidida para restaurar la confianza en el sistema y proteger los derechos de los expropiados. «La Unió continuará defendiendo a los agricultores afectados, velando por la transparencia y la justicia en todo momento en la defensa de sus derechos por las tierras expropiadas», señala la organización.
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