La CHJ da un plazo de tres meses a las entidades de riego para que instalen un control del volumen de agua

Al respecto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita a este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «flexibilidad, empatía y comprensión en estos momentos tan delicados» porque, aunque la ley lo obliga desde hace tiempo y las entidades de riego están avisadas para cumplir con estas exigencias legales, considera que la CHJ «debería conceder más plazo para que el sector agrario supere las dificultades derivadas de la dana». No en vano, según las estimaciones de AVA-ASAJA, las pérdidas ocasionadas por el temporal en las entidades de riego ascienden a 300 millones de euros.

La misiva que la CHJ está remitiendo a pozos colectivos y particulares especifica que la Orden TED/1191/2024 obliga a la instalación y mantenimiento de un sistema de control volumétrico que incluye los elementos tecnológicos necesarios para que se registren y almacenen electrónicamente la lectura de los contadores y los volúmenes acumulados circulantes, con al menos una frecuencia diaria para las categorías primera y segunda, e incluso en tiempo real, con una frecuencia horaria, para la categoría tercera. Si las entidades no realizan estas instalaciones en el plazo fijado de tres meses, la CHJ advierte de que abrirá un expediente sancionador.

AVA-ASAJA considera que ante las circunstancias excepcionales, con unos destrozos catastróficos provocados por la dana, la prioridad tendría que ser la reconstrucción urgente de los accesos y las instalaciones de riego con la finalidad de volver a poner en funcionamiento el suministro de agua y garantizar así la actividad de las explotaciones agrarias. «No estamos diciendo que no haya que cumplir la normativa, simplemente que no parece el mejor momento para apretar las tuercas», señala la organización.

Decenas de comunidades de regantes, SATs, sociedades civiles particulares, sociedades de riegos y 'tancats' de la Albufera situadas en las zonas damnificadas están gravemente dañadas por la virulencia de las aguas torrenciales y de los materiales arrastrados, que provocaron inundaciones, roturas, derrumbes, obstrucciones en las instalaciones y otros desperfectos de alto valor económico. Casetas de pozos anegadas, al contener las bombas y los transformadores, lo han perdido todo. Las motas de los ríos desbordados, azudes, tomas y compuestas de riego, entre otras infraestructuras hídricas, han sido arrastradas por la riada. También siguen afectados kilómetros de tuberías, canales y redes de distribución, que han quedado totalmente inutilizadas e, incluso, en muchas zonas, al transcurrir enterradas bajo las vías o los cauces, han desaparecido junto a la tierra que las cubrían.

Reacción de la conselleria

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, reaccionó ante la noticia y declaró este lunes que la Confederación Hidrográfica del Júcar «debería de estar invirtiendo y poniendo en marcha todas las obras necesarias para evitar las negativas consecuencias que generan los episodios de lluvias como los que vivimos en el pasado mes de octubre».

«El Gobierno de España, en lugar de exigir tanto en este momento, lo que debería de hacer es poner en marcha todas las inversiones para acometer las obras necesarias, tal y como les hemos planteado en diferentes reuniones», señala Barrachina.

En este sentido, Barrachina cusa a la Confederación de «esconderse, no dar explicaciones ni hacer inversiones» y de «perseguir» a los agricultores. «Debería de apoyarles y estar a su lado, ya que la mayoría de los daños que han padecido en sus explotaciones se ha debido a la ausencia de mantenimiento e inversiones por parte de la propia Confederación que ahora los persigue», agrega.

El Conseller de Agricultura ha denunciado que durante el año 2024, «la CHJ invirtió 0 euros para nuevas infraestructuras y ejecutaron un 30% menos del presupuesto en inversiones directas que en el año 2023».