La tormenta perfecta. O el toque de gracia. A los problemas estructurales que padece el campo valenciano, como la baja rentabilidad y las desventajas ... comerciales respecto a países de fuera de la Unión Europea, se sumaron en los últimos meses el encarecimiento de la factura energética y la crisis de materias primas. Y cuando parecía que no podían añadirse más factores en contra, estalló la guerra en Ucrania, lo que ha llevado al límite a un sector que alcanzó los 2.357 millones de euros en 2019 en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la primera estimación de la Contabilidad Regional de España del INE.
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La situación ha llevado al colectivo a convocar este domingo la que se prevé que sea la mayor manifestación realizada tras la pandemia con más de 140.000 asistentes, según los cálculos de la Delegación del Gobierno de Madrid. Los productores de toda España realizan una marcha en el centro de la capital para reclamar «un plan de choque» al Gobierno ante un escenario que, según el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, «anticipa un futuro muy negro».
Y es que, tal y como explican desde la propia patronal agrícola de la Comunitat Valenciana, la súbita interrupción de los envíos de cereales procedentes de Ucrania, conocido como o el granero de Europa, ha encarecido hasta un 35% en el último mes el precio de este producto para la elaboración de piensos compuestos para alimentación animal. El caso más significativo es el trigo, cuyas cotizaciones están en 386 euros por tonelada en la Bolsa de Paris, 100 euros más que hace un mes y 150 más que hace un año. «Estos sobrecostes son inasumible para muchos ganaderos valencianos que ya se encontraban en una grave crisis de rentabilidad», explican desde AVA-ASAJA a LAS PROVINCIAS.
Estos datos constatan que el cierre del mercado ucraniano provocado por la invasión rusa recrudece el incremento de los costes de producción y amenaza, incluso, con el desabastecimiento de materias primas si se alarga en el tiempo, tal y como advierten desde el sector.
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En concreto, Ucrania y Rusia representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% del suministro mundial de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Por su parte, China, el mayor consumidor de trigo del mundo, espera una disminución del 20% de su producción. Argentina y Brasil, que son mercados alternativos para importar cereales después de que el Gobierno español flexibilizara las condiciones, están afectados por sequías severas.
A esto hay que sumar que el gas y el petróleo ucranianos, también cerrados por la guerra, son la base para la producción de abonos y fertilizantes para toda Europa, por lo que están sufriendo una subida de los precios. Ucrania también es uno de los principales exportadores de amoníaco, potasa, urea y fosfatos, fundamentales para mejorar la productividad agraria.
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Los precios de la urea, un fertilizante nitrogenado de gran importancia, se han triplicado en los últimos doce meses. También se han duplicado los precios del fosfato diamónico (DAP).
«La escalada de precios de la electricidad y del gasoil está asfixiando a los agricultores y ganaderos», añade Aguado. El gasóleo agrícola bate récords máximos hasta duplicarse respecto a hace un año. La energía eléctrica, necesaria en el regadío y en la ganadería, ha subido más de un 200% en un año. El megavatio estaba de media en 50 euros y ahora ha llegado a máximos históricos de 700 euros.
No es nada nuevo para el campo convertirse en moneda de cambio en conflictos internacionales. El sector agrario y agroalimentario de la Comunitat Valenciana lleva sufriendo desde 2014 las consecuencias comerciales negativas derivadas del enfrentamiento político-económico entre la Unión Europea y Rusia a cuenta de la invasión de Crimea.
El 6 de agosto de 2014 Rusia decretó un veto del mercado ruso a determinadas producciones agroalimentarias valencianas. Los cultivos que se vieron más castigados por este cierre fueron los cítricos, los caquis, las frutas de hueso y las hortalizas. Según AVA-ASAJA, las pérdidas económicas derivadas del veto ruso alcanzan por el momento los 500 millones de euros en la agricultura valenciana y más de 3.500 millones en España.
Por un lado, el sector perdió de la noche a la mañana un mercado en expansión, con más de 170 millones de consumidores, caracterizado por una demanda de segundos calibres que contribuía a descongestionar los mercados europeos. Países terceros como Marruecos, Turquía o Egipto han sustituido los envíos valencianos y españoles, de manera que si en el futuro se reabre el mercado ruso resultará «muy difícil» recuperar la presencia anterior al veto, según indica AVA-ASAJA.
Por otro lado, el hecho de que las producciones agroalimentarias valencianas que ya no podían remitirse a Rusia acabaran en la Unión Europea –debido a la falta de mercados alternativos– produjo un exceso de oferta que empujó los precios a la baja. En este sentido, el caqui fue el cultivo más perjudicado ya que sus precios en origen han experimentado un desplome del 40% respecto a 2014.
Ante esta situación, organizaciones agrarias como AVA califican de estafa que la Unión Europea «no cumpliera su promesa» de que iba a facilitar mercados alternativos a Rusia para las producciones vetadas. Asimismo, critica duramente a las instituciones comunitarias por no haber establecido compensaciones económicas para todos los productores afectados por esta decisión política.
Para más inri, se incrementará la competencia de países terceros que buscarán reorientar sus envíos ante el cierre del mercado ruso. Es el escenario previsto con las exportaciones de Marruecos y Turquía, grandes productores de cítricos y hortalizas que enviaban miles de toneladas anuales a Rusia. «Esto agravará la competencia en Europa. En cuanto a otros productos agroalimentarios de la Comunitat que no tenían hasta ahora cerrado el mercado ruso, como el vino o el aceite, también van a sufrir dicho veto», agregan.
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Ante esta situación, la Unió y AVA han planteado al Ministerio de Agricultura un catálogo de medidas que permitan a las explotaciones agrícolas y ganaderas sobreponerse a la situación generada por el encarecimiento de los costes y también por la sequía. En concreto, solicitan la creación de un Fondo Extraordinario de Sequía estatal y autonómico, el uso de los fondos de desarrollo rural y la activación de la Reserva de Crisis de la PAC.
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