El tratamiento en frío a las naranjas de Sudáfrica se aplicará a partir del 24 de junio

En concreto, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) recoge este martes la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/929 de la Comisión de 16 de junio en virtud del cual se introducen nuevos requisitos de entrada a las naranjas procedentes de países donde esté declarada la Thaumatotibia leucotreta ('Falsa polilla'). La interprofesional Intercitrus, que representa al sector citrícola español, celebra la publicación de esta decisión que tanto ha reivindicado junto a otros organismos agrarios, como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y La Unió de Llauradors.

«La interprofesional aplaude la decisión y agradece ahora al Ejecutivo comunitario que haya cumplido con los compromisos adquiridos aquel día al tramitar por la vía de urgencia tales modificaciones para que pudieran sancionarse antes de finalizar el presente mes», aseguran desde Intercitrus. En concreto, el DOUE establece que el nuevo requisito entrará en vigor a los tres días de su publicación, lo que en la práctica significa que todas las importaciones que partan desde los países afectados desde el próximo viernes, 24 de junio, deberán disponer del nuevo certificado fitosanitario que indique que sus naranjas han sido producidas en un lugar autorizado (comunicado previamente a la Comisión), así como acreditar que han cumplido con la temperatura establecida ahora en este reglamento.

No obstante, las naranjas de zonas con esta plaga que, por el contrario, se exporten antes de esa fecha (24 de junio) estarán eximidas de tales requisitos si llegan a Europa y son efectivamente importadas antes del próximo 14 de julio. Cabe recordar que la aprobación de la medida fue catalogada de logro histórico por parte del sector valenciano. El Comité Permanente Fitosanitario sobre Animales y Plantas (Scopaff) dio luz verde al nuevo reglamento pese a las coacciones que había ejercido Sudáfrica hasta el último momento, sirviéndose de su influencia en Países Bajos y Alemania. Eso sí, dio luz verde una semana después de haber rechazado la votación a la que se comprometió meses antes, precisamente por la presión ejercida desde los socios holandés y alemán.

La presidenta de Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, reitera su «satisfacción» por el «histórico hito consumado formalmente». Según indica, es una «gran noticia »para la citricultura española pero también un importante precedente en favor de la sanidad vegetal del conjunto de producciones agrarias europeas. «Nada de esto hubiera sido posible sin el excelente trabajo técnico desarrollado durante los meses previos a la citada decisión del Scopaff por el Ministerio de Agricultura español y sin las gestiones políticas que durante aquellos últimos días desarrolló el propio ministro, Luis Planas», explican las mismas fuentes.

El 'cold treatment' (tratamiento en frío) publicado no es el estandarizado internacionalmente ni es el implementado, entre otros, por las autoridades de EEUU, China o Japón. Se aplicará sólo a naranjas pese a que las clementinas, mandarinas y pomelos son también hospedadores de la 'Falsa polilla'. Por ello, desde el sector valenciano se reivindica la ampliación de esta normativa para evitar la expansion de la plaga a través de otros frutos.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) urge a la Comisión Europea a poner en marcha las propuestas del Comité Económico y Social Europeo (CESE) recogidas en su Dictamen sobre «Seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles» y cree una agencia para la certificación de productos importados con arreglo a las normas de sostenibilidad de la Unión Europea.

De este modo, la organización agraria destaca que se conseguiría evitar «distorsiones de la competencia», «salvaguardar la competitividad de los productores europeos» y «garantizar precios justos a lo largo de la cadena». Incluso plantea examinar «el establecimiento de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MFAC) para las importaciones agrícolas».

El CESE plantea de manera explícita que todos los acuerdos comerciales de la UE con países terceros y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deben incorporar las estrategias del Pacto Verde Europeo «como normas mundiales de sostenibilidad».

Por ello, insta a Bruselas a velar por una «verdadera reciprocidad» y «unas condiciones de competencia equitativas», exigiendo «la debida diligencia a las empresas a lo largo de sus cadenas de suministro con objeto de identificar, prevenir y mitigar los riesgos ambientales y sociales, así como las violaciones de los derechos humanos».

Según el Dictamen, «la UE debe garantizar que los acuerdos comerciales no externalicen estos problemas ni agraven la deforestación de otros países», como ocurriría, por ejemplo, con el Amazonas si saliera adelante el tratado de Mercosur.

El CESE también demanda que «todos los acuerdos comerciales deben respetar las disposiciones sanitarias y fitosanitarias de la UE y atenerse al principio de precaución», lo que «evitaría la entrada de envíos agrarios procedentes de países terceros con materias activas fitosanitarias que han sido prohibidas en Europa debido a su elevado riesgo sobre la salud humana y el medio ambiente».

AVA-ASAJA coincide con estas reivindicaciones y con las advertencias que añade el CESE: «En la estrategia 'De la Granja a la Mesa', la Comisión propone pocas acciones concretas para reforzar el sector agroalimentario y la renta de los productores primarios, y ninguna de dichas acciones fortalece la competitividad del sector. Estas cuestiones clave deberían ser el centro de la aplicación de la estrategia, ya que determinarán su éxito. Si no hay cambios en las políticas comerciales de la UE, los objetivos de la Estrategia no se cumplirán».

En este sentido, AVA-ASAJA subraya el apartado que el CESE dedica a «garantizar precios justos y prohibir las prácticas comerciales desleales»: «Una cadena agroalimentaria que funcione correctamente será tan fuerte como el más débil de sus eslabones, y, durante demasiado tiempo, el eslabón más débil ha sido el agricultor». Por ello, la UE debe establecer medidas para «obtener unos ingresos justos y adecuados y que se ofrezcan a los consumidores productos saludables de calidad a precios razonables».