El agujero de la vivienda pública en la Comunitat

Preocupa especialmente el acceso a la vivienda pública, que en el caso de la Comunitat está en algo parecido a un agujero a tenor de los datos que maneja la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, en manos de la popular Susana Camarero. Así se refleja en un documento al que ha tenido acceso este periódico que apunta al «descontrol y la falta de rigor» de la gestión de esta cartera en el gobierno del Botánico, que «lejos de resolver una demanda social ha generado mayor desigualdad en el acceso a la vivienda».

¿Los motivos? La falta de atención al Registro de Vivienda en la Comunitat, puesto en marcha en 2021 y desbordado con solicitudes (casi 28.000 a finales de 2023, casi el doble que el año anterior); el aumento de las ocupaciones en el parque público que gestiona la Generalitat; la prácticamente nula promoción de vivienda protegida o la morosidad de los inquilinos. En este último caso, por ejemplo, el importe de la deuda por impagos de los residentes de vivienda pública ha crecido casi un 50% desde julio de 2015 hasta febrero de este año, al pasar de los 13,35 millones a los 20,14 millones.

En la construcción, un tema en el que los propios promotores han sido muy críticos con la política del Botánico, hay una prácticamente nula promoción. Según datos del Ministerio de Vivienda sobre calificaciones definitivas de viviendas de protección pública en la Comunitat, la promoción de las mismas por parte del anterior Consell refleja la cifra de cuatro inmuebles en 2022, siendo cero desde 2018. De ahí que, por ejemplo, el actual presidente, Carlos Mazón, anunciara la intención de poner en marcha 10.000 viviendas en esta legislatura.

Mientras, en el resto de España se ejecutaron 1.910 en 2022. Además, en la propia autonomía se contabilizaron 632 VPO asociadas al promotor privado.

Eso en cuanto a inquilinos y constructores pero otro problema que arrastra el parque público de la Generalitat, que gestiona cerca de 15.000 viviendas, es de las ocupaciones, pues se trata de un fenómeno que, en lugar de reducirse, en los últimos años ha ido creciendo.

Así, según los datos que maneja la conselleria, si al inicio de la primera legislatura del Botánico (2015) se calcula que los pisos del parque público que se encontraban en esta situación eran 400, al inicio de su segunda legislatura (2019) se contabilizaban ya cerca de 1.300 viviendas con inquilinos de forma irregular.

Eso a pesar de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) impulsó la colaboración con los servicios sociales municipales para buscar la mejor alternativa habitacional en aquellos casos de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social. Sin embargo, en junio de 2023, tras las elecciones municipales, las casas ocupadas ascendían ya a unas 1.800.

A todo esto hay que añadir la falta de personal en la conselleria, sobre todo el dedicado al control e inspección de situaciones que impactan en el parque público, como el deterioro de los pisos, el cumplimiento de los requisitos económicos de acceso a las viviendas o los impagos de los recibos de las comunidades de propietarios.