El alza de precios de materiales y energía deja desiertas 850 obras públicas en la Comunitat

Es lo que ha sucedido en alrededor de 850 obras en la Comunitat, que alcanzan una inversión de 191 millones y que afectan a las tres administraciones públicas (local, autonómica y central), según un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana referido a las cifras del año pasado.

Se trata de una situación de la que ya advirtieron los contratistas a mediados del año pasado, cuando tomaron la decisión de presentar recursos contra algunos concursos y, además, reclamaron medidas al Gobierno central. Se adoptaron en tres reales decretos-ley que incluyeron revisión de precios y que fueron aprobados por el Consejo de Ministros entre marzo y agosto de 2022 pero que se consideran «insuficientes».

Lo explica el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, que recuerda que no se incluyó las variaciones de precio en la energía, «básica para el uso de maquinaria pesada y con una ponderación de hasta el 30% en los costes de determinadas obras, y el alza en los costes laborales, además de que no se contemplaban para la revisión de precios los contratos de conservación de infraestructuras». Todo esto se traduce en concursos que quedan desiertos y en una advertencia: peligra la ejecución de los fondos europeos porque las inversiones no salen adelante.

De esas 850 obras en la Comunitat, el grueso corresponden a la administración local (diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, etc.). En concreto, unas 830 actuaciones por un valor aproximado de 175 millones de un total de 2.617 obras licitadas en todo 2022. El importe medio de las licitaciones sin ofertas ronda los 210.800 euros, según los datos facilitados por la Cámara de Contratistas.

Por detrás, la Administración General del Estado, con 14 obras desiertas que suman 9,35 millones. Es el caso de licitaciones de los puertos de Gandia, Alicante o Valencia, con la mejora de las fachadas de los edificios de la sede de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) o la mejora de la accesibilidad del polideportivo. En el listado se incluyen también actuaciones en el aeropuerto de Valencia, en el parador de turismo de Benicarló, en el cuartel de la Guardia Civil de Utiel o correspondientes al Ministerio de Transición Ecológica, como la de la bioplanta de Caudete de las Fuentes, y al de Agricultura.

En el caso de la Generalitat, fueron seis obras con una inversión de 7,55 millones, donde figuran la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-865 entre Elche y Santa Pola, las obras de reforma de acceso a la sede de la Conselleria de Educación o las obras de adaptación de los quirófanos el Hospital Vega Baja de Orihuela, entre otras.

Ante esto, los contratistas solicitan una prórroga de un año de la aplicación de los decretos (vence el próximo marzo) y que «el reequilibrio económico pueda saltar del umbral del 20% sobre el importe de adjudicación de la obra, que rige hasta ahora». En el caso de España, según los datos de la firma tecnológica DoubleTrade, el alza de precios por la inflación y la guerra en Ucrania dejó desiertas licitaciones de 5.300 millones el año pasado, un 146% más que en 2021.