Se abre el plazo de alegaciones a la ampliación del Puerto de Valencia

A partir de hoy, cualquier empresa o entidad tiene veinte días para presentar alegaciones a la ampliación del Puerto de Valencia, que ha estado sujeta a la polémica debido al rechazo de algunas asociaciones de vecinos, colectivos ambientales y por las reticencias del Ayuntamiento de Valencia, que reclamaba una nueva evaluación ambiental.

En concreto, el BOE publica hoy el inicio del trámite de información pública del proyecto de MSC en la ampliación norte de Valenciaport. Cabe recordar que el Ministerio de Fomento dio esta semana por resuelto el pulso con el Consistorio y la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente por estas obras y la posibilidad de que su declaración de impacto ambiental (DIA) pudiera estar caducada.

El motivo es que este ministerio será quien se pronuncie definitivamente sobre la necesidad de hacer un nuevo informe al respecto, algo sobre lo que se han manifestado en contra desde el ministro José Luis Ábalos hasta la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), pasando por la entidad de gestión de estas infraestructuras, Puertos del Estado y en la que se reafirman.

El motivo es que el Ministerio de Transición Ecológica ha respondido al departamento de la Generalitat que gobierna Mireia Mollà, de Compromís, que el «órgano sustantivo» del proyecto es al que le responde valorar la vigencia de la DIA que se dio en 2007, en caso de que éste tuviera alguna duda sobre la necesidad de hacer un nuevo informe, y no su conselleria.

Sin embargo, fuentes de Fomento aseguran que no procede remitir ninguna consulta por su parte al departamento de Teresa Ribero sobre este asunto ya que consideran que la vigencia de la DIA es incuestionable. Es más, poniéndose estricto, una consulta de terceros no tendría que provenir de una conselleria (ni aunque fuera de la Obras Públicas) sino del propio Consell en pleno, algo improbable por la diferencias entre sus miembros, ya que los socialistas se han manifestado en contra de la realización de un nuevo análisis frente de la posición de sus socios, Compromís y Unidas Podemos.

Sin ir más lejos, la semana pasada el partido socialista, junto al resto de grupos de la oposición, votó en Les Corts en contra de la proposición no de ley (PNL) que presentaron sus socios de Gobierno en la que demandaban una nueva DIA para la obra al considerar que deben aplicarse los criterios de las leyes aprobadas desde la aprobación de esta en 2007 y la situación de «emergencia climática», declarada por el Consell y el Ayuntamiento de la capital del Turia el pasado verano.

La diputada socialista, Mercedes Caballero, expuso en su intervención que la DIA está «jurídicamente vigente y no procede la PNL tal y como se presentó». Explicó que el proyecto se gestó en 2001 dentro del Plan Estratégico de la APV, cuya primera fase terminó en 2012. Además, siguiendo la explicación de la propia APV, reiteró que los cambios que se han aplicado al proyecto sólo afectan a la zona interior del Puerto y advirtió de que la ampliación en 500 metros del dique de la ampliación que figuraba en el documento de sus socios de gobierno «no es del todo cierto», ya que son 50 metros para reducir el ancho de la bocana.

En la misma línea, Puertos del Estado insiste desde que se inició la polémica en que este tipo de certificados no caducan y que sólo se podría exigir su revisión en el caso de que se produjera un «cambio sustantivo sobre el proyecto original», algo que no ha ocurrido. Aún así, la entidad advierte de que es la APV la competente para responder a esa pregunta, aunque ellos harán un informe al respecto en ese mismo sentido si se lo demandaran.

Sin embargo, tras la carta de la ministra de Transición Ecológica, desde la APV se recuerda que el Puerto considera todo el regla y eso es la razón de que el año pasado se aprobaran los pliegos de la adjudicación «por unanimidad», incluidos los representantes de la Generalitat y del Ayuntamiento, que ahora tiene sus reservas

Más allá de la base jurídica que esgrime el Estado, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, lleva apuntando desde hace un año que un retraso en la tramitación, fruto de repetir el estudio, podía llegar a espantar a la naviera MSC, aspirante a hacer la ampliación y desembolsar por ella más de mil millones.

En todo caso, la consellera Mollà reitera que no ve correcto que el Ministerio de Transición Ecológica no actúe de oficio, como le habían demandado, y sea Fomento quien tenga ya la última palabra. Es más, no descarta buscar otras vías si todo se desarrolla según prevé Fomento.

Las tensiones en el puerto surgieron en la antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales por la presión de colectivos ambientales cuyos mensajes hicieron suyos Ribó, Mollà y el vicepresidente del Consell de Podemos Rubén Martínez Dalmau.