La ampliación del puerto vuelve a dividir al Botánico y Compromís y Podemos anuncian acciones

La validación de la declaración ambiental que permitirá la ampliación del puerto de Valencia ha vuelto a tensionar las costuras del pacto del Botánico que comparten PSPV, Compromís y Unidas Podemos. Tras unos primeros reproches de los socios nacionalistas y del partido morado una vez se hizo pública la confirmación de la resolución, la semana arrancó ayer con una batería de acciones políticas que van más allá de las palabras y que incomodan de forma especial a los socialistas, que defienden junto a los partidos de la oposición la construcción de la nueva terminal.

Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, pidió la comparecencia urgente de los ministros de Transportes, José Luis Ábalos, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para explicar por qué se ha dejado en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) decidir si la declaración de impacto ambiental de 2007 se puede utilizar para la reforma. Además, también registró una solicitud para que acuda a sede parlamentaria el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo. Baldoví consideró que en la decisión han primado «intereses empresariales» y que no se ha tenido en cuenta a la ciudadanía.

Compromís, que a través del alcalde Joan Ribó ya había materializado estos días una vez más el rechazo al proyecto, no fue el único partido que apostó por nuevas medidas. La dirección de Podemos en la ciudad de Valencia acordó sumarse a la vía judicial contra la ampliación del puerto al tiempo que volvió a reclamar la paralización o moratoria de la iniciativa.

La portavoz en la capital de la Comunitat, Chelo Poveda, reprochó a Puertos del Estado que mantenga «unas posiciones tan insensibles hacia el cuidado del medio ambiente». La formación de los círculos, que hoy por hoy no tiene representación en el Ayuntamiento, aboga por «la paralización o moratoria de la ampliación, revertir el puerto a la situación de 2008 con el desmontaje de los diques de abrigo y contradique de tal forma que la afectación a las playas del sur sea la menor posible y se facilite su recuperación». De esta forma, aprovechando que no participa en el Gobierno municipal fue un paso más allá que Compromís y evidenció una línea mucho más dura que faltará ver si se traslada con alguna propuesta de los cuatro diputados valencianos que están en el Congreso o incluso desde el mismo Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez.

La vía judicial emprendida por la Comisión Ciudad-Puerto, que cuenta con el apoyo de más de cien organizaciones que encabeza el exlíder de Podemos Antonio Montiel, se avala, según la formación morada, por «el incumplimiento jurídico de la vigencia de la declaración de impacto ambiental«. Por ello, lo consideraron »una discutible compensación por parte de APV a la empresa Boluda Corporación Marítima«.

Por su parte, los socialistas se mantuvieron de perfil y no realizaron ayer ninguna declaración al respecto de una medida que ellos mismos saben que es polémica y difícil de explicar a parte de su electorado. La formación se ampara en que la reforma que implica una inversión de 1.000 millones y que supone la creación miles de puestos de trabajo es necesaria para evitar que las actuales infraestructuras se vean sobrepasadas. Para acallar las denuncias de sus socios de que la medida implicará una regresión de la costa proponen un plan de regeneración de las mismas.