El 1 de enero de este año entró en vigor el nuevo sistema de cotización de autónomos, con el que los trabajadores por cuenta propia pueden adecuar su cuota al nivel de ingresos que genera su actividad. Sin embargo, esta medida, que surgió del Pacto ... de Toledo, apenas ha tenido incidencia en la Comunitat pese a suponer a priori una iniciativa beneficiosa para este colectivo que supera las 360.000 personas en la región.
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El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat, Alberto Ara, sostiene que el trasvase a este nuevo sistema está muy lejos de registrar un aluvión. «Las movilizaciones al nuevo sistema son pocas. No es un porcentaje muy significativo que digamos», asegura Ara, quien añade que no hay cifras concretas sobre el número de autónomos que hayan realizado el cambio en estos primeros cinco meses desde que entró en vigor la reforma.
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¿El motivo de este escaso impacto? La farragosa burocracia que exige este nuevo sistema al trabajador por cuenta propia y el tiempo de tramitación que implica poder llevarla a cabo. «Supone un cambio de cultura para los autónomos, que generalmente tenían una base de cotización y muchos durante toda su vida están con esa misma base. Ahora hay que hacer una previsión de ingresos e ir comunicando esos datos a la Seguridad Social cada vez que haya un cambio en esas previsiones», explica el presidente de ATA CV.
A esto, se añade la incertidumbre de la coyuntura económica actual, cuyo entorno inflacionista no ayuda, precisamente, a realizar esas previsiones. «El autónomo ahora tiene que pensar en cuáles van a ser sus ingresos para el año que viene. Cada vez que aumenten, tiene que modificarse la base de cotización. Todo ello requiere un ingente trabajo porque hay que estar muy encima para poder sacar rendimientos netos», explica Ara.
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Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en España, Eduardo Abad, valora positivamente la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización para los autónomos, ya que, según él, «devuelve la justicia retributiva». Además, considera que permitirá rebajar la economía sumergida, puesto que el profesional que no llegue a los 1.000 euros puede ajustarse la cuota y no verse obligado a pagar los casi 300 euros mensuales, que era la cuantía mínima antes de la reforma.
Sin embargo, la realidad de los datos se impone y, al parecer, adecuar las cuotas a los ingresos se ha convertido en una yincana administrativa que termina por ahuyentar al pequeño profesional que no cuenta con el tiempo ni los recursos necesarios para hacer frente a los cambios y obligaciones del nuevo sistema.
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A nivel nacional ocurre lo mismo. La mayoría de los trabajadores por cuenta propia mantiene la misma base de cotización y poco más de 350.000 –de un total de 3,3 millones– ha cumplido con la nueva norma y ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos para así adecuar su cuota. Pese a que muchos saldrían ganando con el cambio, prefieren esperar a regularizar su situación el año que viene, cuando ya tengan los datos reales de sus ganancias. Será entonces cuando la Seguridad Social les comunique si tiene que pagar por haber abonado menos o, por el contrario, le sale a devolver.
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