El precio de los huevos mira a las jaulas para gallinas

La Comisión Europea presentó en mayo de 2020 la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde Europeo, una propuesta legislativa que, entre otras ideas, aboga por eliminar progresivamente y acabar prohibiendo definitivamente el uso de sistemas de jaulas para las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, las cerdas y los terneros.

La estrategia propone una transición hacia sistemas agrícolas más éticos y sostenibles, incluida una revisión de las normas vigentes de la UE en materia de bienestar animal y que va a obligar a los profesionales del sector a un profundo cambio en sus rutinas productivas, a ampliar el espacio para las gallinas y a enfrentarse a nuevas problemáticas. De hecho, recientemente la Comisión Europea ha publicado tres reglamentos que actualizan las normas de comercialización de huevos en toda la Unión Europea, entre ellas el cambio del nombre de los huevos producidos en jaulas acondicionadas y el de los huevos de gallinas en suelo, así como las condiciones de manejo de las gallinas camperas.

En visto de todo esto, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) ha presentado este jueves en Valencia el informe sobre el 'Impacto económico de la propuesta legislativa de la UE en materia de Bienestar Animal para el sector de la avicultura de puesta' realizado por los doctores Carlos Garcés Narro María Dolores Soler Sanchís, profesores de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Y las conclusiones de este informe sugieren que el impacto económico de la transformación de las granjas a sistemas sin jaulas supondrá para los productores españoles unas inversiones totales de más de 2.300 millones de euros pero, además, desde el sector ya se ha alertado sobre las consecuencias que tendrá en el precio de los huevos para los consumidores finales al repercutirse sobre ellos el sobrecoste de la producción.

Según el informe, el coste de producir una docena de huevos en el sistema de gallinas sueltas en gallinero sería un 17,3% más que producirlo en jaulas, mientras que en el caso de las gallinas camperasel aumento sería del 30,9%.

El estudio estima un encarecimiento de casi 178 millones de euros anuales por la prohibición de las jaulas. En palabras de Enrique Díaz, «el encarecimiento de un alimento básico en la dieta española como es el huevo tiene un impacto social relevante, ya que perjudica principalmente a las rentas más bajas de nuestro país».

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, el sector del huevo español alcanzó el año pasado una facturación de 2.301 millones de euros, lo que supone el 8,31% del valor de la producción total ganadera y el 3,54% de la producción agraria. En total, se produjeron en España 1.139 millones de docenas de huevos. El encarecimiento del que se alerta supondría casi un 8% sobre la facturación total.

La interprofesional ha indicado que, según el COPA-COGECA, la reducción de densidad de las granjas a cinco gallinas por metro cuadrado podría rebajar el número de ponedoras un 13% en la Unión Europea, pasando de los 379 millones de aves actuales a un censo de 330 millones.

Asimismo, ha advertido de que habría una ligera reducción en la productividad por gallina ponedora en sistemas sin jaulas. Así, la UE pasaría de ser excedentaria a tener que importar huevos.

Las organizaciones del sector avícola español calculan que esta propuesta supondrá para las granjas españolas una reducción de la capacidad de alojamiento de aves de un 44%. Para mantener los actuales niveles de producción, serán necesarias inversiones de 800 millones de euros y disponer de importantes extensiones de terreno apto para su construcción, ha señalado.

Inprovo ha pedido la prohibición de la construcción de nuevas instalaciones con jaulas desde el momento en el que se publique la nueva regulación, que la transformación se realice de manera paulatina y que se establezca un plan de abandono con ayudas para aquellos productores que no deseen continuar su actividad.

Para adaptarse a la nueva normativa, el sector avícola español ha reclamado a la Comisión Europea que en el desarrollo de su propuesta legislativa sobre mejora del bienestar animal incorpore ayudas financieras con fondos adicionales a los contemplados en el presupuesto de la PAC y que sean proporcionales a la inversión de los avicultores, según ha indicado en un comunicado.

«La necesidad de unas inversiones tan elevadas para llevar a cabo la transformación podría generar dificultades de acceso a la financiación para muchos granjeros, a lo que tendríamos que añadir el encarecimiento de los préstamos por el incremento en los tipos de interés», ha avisado.

Por ello, el director de Inprovo, Enrique Díaz, considera necesario que la futura normativa de bienestar animal para las gallinas ponedoras incorpore en el mismo texto las ayudas correspondientes a todos los operadores del sector afectados por la misma, tal como anunciaron en su momento la Comisión y el Parlamento europeos, para hacer posible el cambio sin perder parte del tejido productivo, «que sería difícilmente recuperable».

En cuanto al plazo de adaptación de diez años propuesto por la Comisión Europea, afirma que se trata de un periodo «insuficiente» y cree necesario un plazo mínimo de 15 años.

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