Todo lo que se sabe de la ayuda universal de 200 euros para la crianza de hijos

Las organizaciones la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España pidieron este lunes 13 de mayo una ayuda universal a la crianza de niños en España para reducir la pobreza infantil. Un día después, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, anunció que su partido Sumar negociará con el PSOE en el mes de junio incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales.

Esta medida busca unificar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que asciende a 115 euros y al que pueden acceder las unidades de convivencia vulnerables que incluyan menores de edad entre sus miembros durante los tres primeros años de vida; y la deducción por maternidad, que supone 100 euros por hijo a cargo para las madres trabajadoras.

Se trata de dos ayudas con las que Sumar dice que se ha logrado una renta «casi universal» por crianza en el tramo de cero a tres años, pero su objetivo es que se extienda hasta los seis primeros años de vida. «Esta herramienta la tienen los países que reducen la desigualdad en mayor medida y nosotros seguimos incumpliendo la directiva de permisos retribuidos», ha denunciado la ministra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

La prestación venía incluida en el programa de Sumar para las elecciones generales de 2023 y proponía el «impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF».

El PSOE, por su parte, se comprometía en su programa electoral a «establecer una prestación por crianza para familias con personas menores a cargo» y a «promover una crianza positiva y saludable, mediante el reconocimiento de un marco estatal de apoyo a los 1.000 primeros días», así como a «garantizar medidas de apoyo a situaciones familiares específicas, priorizando las situaciones familiares de vulnerabilidad con personas menores a cargo».

Igualmente se comprometía a «universalizar la desgravación ya existente por hijo/a a cargo para que aquellas familias que actualmente no puedan acogerse a este beneficio fiscal en el esquema actual del IRPF» y a «consolidar el Ingreso Mínimo Vital y el Complemento de Ayuda a la Infancia –hasta llegar a al menos un millón de niños, niñas y adolescentes- como principales herramientas para reducir la pobreza infantil en nuestro país».

La idea ha ido cobrando fuerza y el miércoles el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que la prestación universal por crianza «es una deuda democrática con las familias».

Bustinduy ha indicado que adoptar la prestación universal por crianza «es la medida más importante que existe para atajar el problema sangrante de la pobreza infantil en España», que ha añadido que es «uno de los muy pocos países que no cuentan con una prestación de este tipo». Además, ha agregado que es una ayuda «más efectiva» porque llega «mejor» a todas partes y también porque resulta un «factor decisivo».

«El resultado es que en España gastamos un punto porcentual del Producto Interior Bruto menos en proteger a las familias que la media de la Unión Europea. Hay que ponerle solución a esto porque esto va a hacer que la situación de muchas familias especialmente de quienes más lo necesitan de que aquellas que están en una posición más vulnerable, pues deje de ser una carrera de obstáculos permanente», ha apuntado.

Las organizaciones que habían propuesto la ayuda para la crianza universal han actualizado el informe de 2021 'Propuesta de reforma fiscal para implantar una ayuda a la crianza' para adecuar sus propuestas de reforma fiscal a la actual situación socioeconómica de España.

El informe contempla cuatro escenarios de reforma fiscal, cuyo objetivo final dicen que es «reducir la pobreza infantil y la desigualdad, estimando el impacto presupuestario». Así, exponen que recogen la posibilidad de que las deducciones se pueden cobrar como una ayuda para que todos los hogares puedan acceder a ellas.

El primer escenario plantea una deducción reembolsable, universal y fija, de 1.440 euros por hijo a cargo menor de 18 años, medida que sustituiría al mínimo por descendientes menores de 18 años. Se estima un coste bruto de 11.288 millones de euros anuales (coste neto de 8.668 millones de euros) y una reducción de 5,4 puntos porcentuales de la pobreza infantil moderada.

El segundo escenario propone que esa deducción reembolsable universal sea modulable en función de las rentas, pudiendo alcanzar una cuantía máxima de 2.600 euros para las familias con rentas más bajas. Esto beneficiaría especialmente a las familias monomarentales, y podría reducir la pobreza infantil moderada en casi tres puntos porcentuales; el coste bruto estimado sería de 5.801 millones de euros (coste neto de 3.180 millones de euros).

El tercer escenario sugiere que la deducción reembolsable de 1.440 euros por hijo a cargo se aplique a familias por debajo del umbral de la pobreza correspondiente. Esta propuesta traería un descenso de 3,1 puntos porcentuales de la pobreza infantil moderada y su coste estimado se situaría en los 5.755 millones de euros (coste neto de 3.135 millones de euros).

Por último, el cuarto escenario plantea, igual que el anterior, que la deducción reembolsable se centre en los hogares por debajo del umbral de la pobreza, pero además que su cuantía se calcule en función de la diferencia entre la renta y ese umbral de pobreza. Esta medida implicaría cuantías mayores de la ayuda y podría erradicar la pobreza infantil, puesto que se destinarían a los hogares más vulnerables. El coste estimado es de 7.487 millones de euros (coste neto de 5.227 millones de euros).

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