El PSPV desautoriza a Compromís por excederse en sus competencias y poner trabas a la fotovoltaica

«Cuando llegué a esta conselleria, tenía algunas dudas sobre cómo se estaban emitiendo esos informes y por eso pedí a la Abogacía una aclaración de varias cuestiones, como la exigencia de un estudio de paisaje a los promotores para poder informar favorablemente, una exigencia que la Abogacía ha dicho claramente que no se establece en la norma. También ha dejado claro que quien tiene que decidir la compatibilidad urbanística son los propios ayuntamientos», ha asegurado este jueves Torró ante los medios de comunicación al ser preguntada por el informe, solicitado el 5 de octubre y remitido el 4 de noviembre.

Cabe recordar que son tres las consellerias las que actúan en materia de renovables. La de Economía tiene el órgano sustantivo para el desarrollo de las mismas, pero Transición Ecológica y Política Territorial son las que emiten informes para que Economía pueda autorizar los expedientes. Precisamente, el atasco burocrático, que llega a más de dos años de demora, tiene con la respiración contenida a más de 160 pymes valencianas con expedientes en tramitación.

Más en concreto, son 63 expedientes los que más peligran, ya que están pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental y si no la consiguen antes del 25 de enero, pueden perder la inversión, que suman 90 millones de euros sólo en avales. Estos 63 expedientes pendientes equivaldrían a 2.250 MW, pero puede ser que no todos cumplan los requisitos para su autorización.

Después de que la Abogacía respondiera las dudas de Torró, el departamento que dirige Rosa Pardo solicitó a su vez otro informe en el que aclarara algunas dudas que suscitó la primera resolución de la Abogacía. En esta segunda aclaración, la entidad ratifica la postura planteada en el primer informe, donde dice que «en ningún caso es exigible la presentación de un estudio de paisaje por sus promotores, toda vez que dicha exigencia no está predeterminada normativamente, por lo que sería contraria al ordenamiento jurídico, e iría más allá de los límites que establece la norma al regular el ejercicio de sus potestades por la Administración competente en materia de territorio y paisaje».

Este segundo informe se solicitó el 18 de noviembre y Abogacía lo remite el 28 de noviembre. El mensaje de la institución es claro y contundente y, aunque no es un informe vinculante, advierte de que cualquier actuación que se aparte de sus indicaciones debe estar motivado jurídicamente. Es decir, debe haber una razón jurídica de peso que lleve a la Abogacía a cambiar de criterio y admitir la interpretación del departamento que dirige Rosa Pardo, quien, en reiteradas ocasiones se ha hecho eco de su defensa del autoconsumo, en detrimento de las plantas en suelo.

Torró ha afirmado que no tiene «ninguna duda» en que este informe se aplicará y agilizará las tramitaciones. «Con estos dos informes no tengo ninguna duda de que la Dirección General de Paisaje obviamente aplicará lo que indica la Abogacía, que son los abogados de la Generalitat y han dejado claro que no hay interpretaciones y han marcado las líneas. Espero que esto permita ir más rápido», ha asegurado. Además, Torró ha añadido que la conselleria ha nombrado un segundo subdirector para agilizar los trámites, de manera que uno se encarga de la planificación y otro de la gestión.