El Botánico atasca la energía solar: instala 20 veces menos que España

Hasta tal punto ha llegado la tensión, que esta semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha tenido que dar un golpe en la mesa y sentarse con todas las consellerias implicadas en la gestión de renovables para tomar una serie de medidas que sirvan para desplegar, de una vez por todas, la energía solar en la Comunitat Valenciana. Y es que, los datos que hablan por sí solos son demoledores: desde que ganó la izquierda las elecciones autonómicas de 2015, la tecnología fotovoltaica en la región valenciana se ha desarrollado 20 veces más lenta que en España.

Las empresas valencianas del sector llevan tiempo avisando de que la mayor parte de las autonomías se han puesto las pilas mientras que en el territorio valenciano apenas se ha avanzado. Tal y como evidencian los datos de Red Eléctrica, la Comunitat contaba en 2015 con 348 megavatios (MW) de energía fotovoltaica conectados a la red eléctrica –en su mayoría instalaciones de un tamaño medio o grande– y en la actualidad cuenta con 419. Es decir, que se ha aumentado el parque tan sólo un 20% en casi ocho años. Anualmente se ha avanzado siempre menos de un 3,5% con la excepción de 2020, cuando se llegó al 11,6%.

Pero ni tan siquiera en este año el avance pudo ser comparable al de España, que triplicó los registros. A nivel estatal, desde 2015 el avance es del 388%. En ese año los megavatios de potencia instalada eran 4.681 y en la actualidad la cifra asciende a 18.167 MW. ¿La clave? Que una vez se comenzó a superar la crisis económica en 2018, la maquinaria se volvió a poner en marcha y la burocracia permitió que se avanzara a un buen ritmo.

La situación de la Comunitat Valenciana tan sólo es comparable al de otras autonomías del norte del país y Cataluña, con una política más restrictiva. Pero a diferencia de las regiones del Cantábrico no es que en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón no haya tanto interés empresarial por la falta de horas de sol. La realidad es otra: los proyectos se han ido acumulando debido a un atasco administrativo que desde la patronal de renovables valenciana (Avaesen) achacan, por un lado, a la escasez de personal, y, por otro, al sesgo ideológico de una parte del Botánico, que se resiste a este tipo de instalaciones por su impacto paisajístico.

Levantar un parque solar de menos de 50 megavatios requiere de permisos de tres consellerias –las de más de 50 MW las gestiona el Gobierno–, que son Territorio, Medio Ambiente y Economía. Pero, además, debe contar con el beneplácito urbanístico del municipio donde se quiere instalar cada proyecto.

En definitiva, las diferencias interpretativas entre técnicos de las consellerias, el choque ideológico del mestizaje y la resistencia de algunos ayuntamientos han provocado que casi 300 expedientes estén, a día de hoy, a riesgo de caducar en menos de un mes tras más de dos años esperando una resolución ambiental, necesaria antes del 25 de enero para proseguir con el resto de fases de la tramitación.

En concreto, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han presentado en la actual legislatura 391 expedientes sobre renovables, que suponen 5.500 megavatios, de los que hay 113 resueltos –45 ya autorizados– y 278 aún en proceso de evaluación. Estos proyectos marchan ahora a contrarreloj ante el hito marcado por el Gobierno. Y, aquí, hay discrepancias entre el discurso del Consell y los promotores. Mientras que Puig asegura que son 64 los expedientes urgentes con riesgo de caducar en un mes, Avaesen destaca que son todos, los 278, los que corren el peligro de perder la inversión si no cuentan con una resolución antes de la fecha marcada por el Ministerio de Transición Ecológica.

«Todos los proyectos presentados antes de 2020 deben acreditar el trámite ambiental del Consell antes del 25 de enero», explica el presidente de la patronal, Marcos Lacruz. Mientras tanto, el Consell pone el foco en estos 64 expedientes por ser más complejos a nivel administrativo. De hecho, esta semana Puig se reunió con las consellerias implicadas para abordar fórmulas que aceleren la tramitación de estos 64. Para ello, aseguró que añadiría más personal técnico. También prometió que los tres departamentos elaborarán un mapa conjunto para detectar las zonas de preferencia donde se pueda tramitar de manera inmediata un proyecto. Esta iniciativa llega en el último mes para los promotores que llevan esperando más de dos años y a falta de seis meses para las elecciones autonómicas.

El objetivo es llegar a los 6.000 MW de potencia fotovoltaica en 2030. Ahora hay 987,22 MW instalados en la Comunitat, entre parques y autoconsumo. Sin embargo, este último formato sí ha registrado una evolución considerable, pero a una escala mucho más pequeña ya que la mayor parte de las placas solares instaladas corresponden a viviendas particulares o empresas y no están conectadas a la red. En 2022 se han puesto en marcha más instalaciones de autoconsumo (26.935) que en los tres años anteriores juntos (15.925), hasta los 568,22 MW.

Sin embargo, toda la energía producida no puede ser aprovechada ya que, por norma general, el excedente no se transfiere y, por tanto, se aprovecha en menor medida. De hecho, este punto en concreto fue objeto de disputa dentro de la conselleria de Medio Ambiente y acabó en la destitución del ex director general Pedro Fresco, quien criticó el modelo defendido por Compromís de apostar únicamente por las placas en los tejados. «Ese plan es una barbaridad técnica inasumible y la posición de la conselleria, inviable», espetó tras su destitución hace apenas dos semanas, que supuso la quinta víctima política de esta guerra pública, visible con las primeras críticas de Mireia Mollà, fulminada pocos días después de culpar a Territorio del atasco administrativo. Precisamente, este viernes la Unión Europea aprobó una directiva para acelerar el desarrollo de renovables y, además, se ha basado en varios estudios que afirman que, aunque se cubrieran todos los tejados de Europa de placas solares, sólo alcanzarían para abastecer el 24% del consumo.

El atasco administrativo que sufren los 278 expedientes de fotovoltaica en la Generalitat, a falta de un mes para obtener una evaluación ambiental, ha llevado a la patronal energética valenciana (Avaesen) a encargar un informe a la consultora Andersen para estudiar una demanda contra la Generalitat por daños patrimoniales.

Cada megavatio cuesta 40.000 euros en avales, por lo que, si se tiene en cuenta la potencia solicitada, la pérdida por ejecutar los avales de todos los proyectos podría sumar un total de 300 millones de euros, ya que la Generalitat tiene pendientes de resolución 7.500 MW, según la dirección de Energía. Se tratan de cantidades elevadas que ponen en un aprieto, además, a cerca de 160 pymes valencianas con proyectos solicitados, más aparte las empresas de otras regiones que también han tramitado un expediente para construir una planta fotovoltaica en la Comunitat.

«Hemos pasado dos años para llegar a este punto. Cuando la ministra marcó el hito en 2020, pensamos que en dos años daría tiempo a resolver los expedientes pendientes, pero hemos visto que no. Otras comunidades han resuelto ya el 80% de los expedientes», añade Lacruz.

A todo esto se añaden las trabas de Paisaje. La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, solicitó a la Abogacía de la Generalitat un informe para aclarar disparidades técnicas con su propia dirección general y la entidad confirmó que Paisaje se estaba excediendo en sus competencias al pedir un informe que no debía a los promotores y que además seguía criterios subjetivos.