Bruselas aboca a España a restringir la fertilización nítrica para proteger las aguas

La correspondiente directiva europea sobre nitratos establece que los países miembros de la UE deben controlar sus aguas e identificar las afectadas, o que puedan verse afectadas, por la contaminación producida por nitratos que procedan de fuentes agrarias.

Estas fuentes potencialmente contaminantes son en concreto dos: el empleo abusivo de fertilizantes nitrogenados en los cultivos, que se acaban 'lavando' a capas del subsuelo al aportarse dosis por encima de las que pueden absorber las plantas, y las filtraciones provenientes de excrementos de animales de granja, por no realizarse una gestión adecuada que impida igualmente que los lixiviados lleguen a contaminar las capas freáticas.

La normativa europea también establece la obligación de calificar como zonas vulnerables a los nitratos aquellas superficies cuya escorrentía fluya hacia las aguas superficiales o se infiltre hacia las subterráneas, y en consecuencia se deben establecer «programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa».

El incumplimiento de todo ello ha determinado esta condena y a renglón seguido se han sucedido declaraciones políticas y de grupos ecologistas que abogan por poner en marcha enseguida férreas medidas de corrección, por lo que son de temer nuevas restricciones en el empleo de fertilizantes agrícolas y en los controles sobre la producción ganadera.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, ha dicho que ve «capital» que España «reduzca la presencia de nitratos en el agua» y que la intención del Gobierno es «ejecutar lo que pide esta sentencia». Por si a alguien le pudieran quedar dudas, ha remarcado que «el exceso de uso de químicos en la agricultura o la presencia de purines como consecuencia de una gestión no suficientemente buena en ganadería produce filtraciones que acaban con estos datos negativos», para concluir que la intención oficial es poner en marcha decisiones para que este problema «se reduzca drásticamente a corto plazo».

Este proceso se inició hace décadas, cuando empezó a detectarse la excesiva concentración de nitratos en aguas subterráneas y se achacó en exclusiva al sector agrario, que apenas levantó tímidas muestras de disconformidad o alegó pasajeras circunstancias atenuantes. ¿Sólo el sector agrario tiene la culpa de esto, o es el fácil chivo expiatorio? Así se ha ido concluyendo, con olvido de fuentes contaminantes urbanas (pozos ciegos, cauces fluviales que recogen aguas residuales sin depurar...) e industriales. El campo es culpable y sobre él recae la sentencia. Por lo tanto, cabe esperar que el campo sufra la condena. ¿En qué formas? Pues seguramente con controles más rigurosos y mayores limitaciones para la libre actividad. Si ven que el problema está en el empleo excesivo de abonos nitrogenados, pues se pondrán a limitarlos, como en realidad ya figuraba sobre el papel. Y lo mismo para la gestión de purines y estiércoles del ganado.

Lo que más sorprende es que, frente a la avalancha de voces ecologistas que inciden en la cuestión, y la férrea postura de la ministra Ribera, no se oigan otras opiniones que señalen matices o contrapongan argumentos. ¿Aceptación general? En ese caso quien acepta tendría que obrar en consecuencia y ponerse las pilas. Pero tampoco se aprecia algo notable por ahí.

Tan solo ha trascendido la declaración contraria del consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que ve un «error» que se responsabilice al sector agrario de la contaminación por nitratos. No comparte «esta filosofía de la UE» y ha indicado que «no podemos convertir a la agricultura y la ganadería de Europa en algo de imposible ejecución, de imposible cumplimiento».