El Gobierno arruina la hoja de ruta del Consell para la reforma de la financiación

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se encargó ayer de echar por tierra todas las expectativas puestas en la reforma del sistema de financiación autonómica por parte del Consell. En Valencia, ante los medios de comunicación y a escasos metros del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez puso letra a la música que se viene percibiendo desde hace años. El debate sobre el reparto del dinero procedente del Gobierno central es un asunto que no está instalado en la agenda política nacional, de manera que ni urge ni es prioritario. Calviño, preguntada por este asunto, unas de las reivindicaciones más reconocidas de partidos e instituciones valencianas, no sólo proclamó sin dudarlo que se trata de un asunto que no es prioritario para el Ejecutivo central. Puestos a fijar un horizonte temporal en el que sacar adelante un nuevo modelo, la vicepresidenta del Gobierno señaló textualmente que «en los próximos años».

El actual sistema de financiación autonómica, como es sabido, se aprobó en 2009. El modelo tiene una vigencia de cinco años, después de los cuáles debe someterse a revisión. Y así había venido ocurriendo... hasta 2014. Desde el 1 de enero ese año el actual modelo se ha mantenido. Van más de siete años y medio, por tanto, de prórroga de un sistema que, en lo que a la Comunitat Valenciana se refiere, sitúa a la región como la que menos fondos per cápita recibe de las quince del régimen común, porque País Vasco y Navarra quedan al margen por su sistema foral. Un drama que, en realidad, se viene produciendo desde 2002, porque el anterior sistema ya castigaba a los valencianos con la menor financiación por habitante. Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, reiteró esta misma semana esa incomprensible situación. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta 2018, ni el de Pedro Sánchez desde esa fecha, han avanzado en la reforma del modelo, a pesar de las reivindicaciones que se han venido haciendo desde la Comunitat, como la que en noviembre de 2017 sacó a la calle a miles de valencianos. La Plataforma per un Finançament Just se reúne hoy con el debate sobre la mesa de la convocatoria de otra movilización.

El portazo de Calviño ayer a la reforma de la financiación sonó contundente. La vicepresidenta explicó que este es «un tema muy complejo» que confía en que se solucione en «los próximos años», pero que ahora su «prioridad» es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Las posiciones, detalló, son «bien conocidas» y la reforma habrá que abordarla «con el conjunto de las comunidades».

En ese sentido, apuntó, en estos momentos se está efectuando «un trabajo de fondo y unas conversaciones para, en el marco de diseño de los próximos años, ver cuál es el momento y la forma más oportuna de abordar esta cuestión».

Tras el terremoto político generado, Calviño matizó parte de su discurso en la intervención en la 'Noche de la Economía Valenciana'. No se desdijo de los plazos ni de las prioridades pero sí apuntó que el Gobierno «está trabajando intensamente con las comunidades autónomas con miras a presentar en noviembre, como anunció la ministra de Hacienda, una propuesta sobre el criterio de población ajustada, y este será el punto de partida para la revisión del sistema». Asimismo, pidió a las autonomías visión de Estado por tener intereses contrapuestos. En una respuesta parlamentaria de finales de agosto al senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno no sólo evitó poner fecha a la reforma de la financiación, sino que remarcó que la reforma tributaria ahora en estudio también condiciona el nuevo sistema. Y que la voluntad de acuerdo de las CC AA también será clave para solventar este asunto.

Puig, tras escuchar a Calviño, se limitó a señalar que el Gobierno «sabe a ciencia cierta» la posición de la Comunitat. «Lo único que queremos es que se genere el espacio de diálogo posible para solucionar esta cuestión con la participación de las comunidades, no desde la confrontación sino desde la colaboración», dijo.

Pero el fracaso que para el Consell supone el criterio mostrado por Calviño, como el que la víspera le dio Pere Aragonés al rechazar integrarse en su frente autonómico para impulsar la reforma, admite pocos contrastes. «Es que es muy complicado llegar a un acuerdo», se admitió ayer desde el Palau. Una reflexión que no ha impedido a Puig tratar de impulsar un acuerdo entre el mayor número posible de CC AA para que el nuevo modelo tenga en cuenta el peso de la población ajustada.

Las declaraciones de Calviño de ayer sirvieron en bandeja la réplica al PP valenciano. El presidente regional, Carlos Mazón, se hizo eco de la posición de la vicepresidenta y subrayó que a la Comunitat Valenciana «ya le toca». «No queremos ser más que nadie, pero hace demasiado tiempo que somos menos que los demás, proclamó en La 8 Mediterráneo.

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