Domingo Parra evita la cárcel en la primera condena por la quiebra de Banco de Valencia

La primera condena por la quiebra de Banco de Valencia se salda con un año y siete meses de cárcel para el ex consejero delegado Domingo Parra, que evitará así su entrada en prisión por un delito continuado de administración desleal en la concesión de un préstamo promotor de 4,9 millones a Pegoliva, una sociedad afín a la que habría estado vinculado económica y personalmente, «en perjuicio de los intereses» de la entidad financiera.

La decisión del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional llega después de que Parra admitiese que abusó de sus funciones en la gestión de préstamos a la sociedad del empresario Salvador Pons, en la que tenía intereses y con cuyos propietarios le unían lazos de amistad. En la última sesión del juicio, ratificó un escrito de reconocimiento de culpa, tras lo cual la Fiscalía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sólo discreparon sobre la cuantía a desembolsar como responsabilidad civil al exponer sus informes finales.

Después de que Parra abonase 330.000 euros para reparar parcialmente el daño causado, el fiscal Alejandro Cabaleiro rebajó su petición de condena desde los tres años y medio hasta un año y siete meses de cárcel. Esa pena, confirmada ahora por el magistrado José María Vázquez Honrrubia, aleja al ex consejero delegado de la prisión por este caso, pero le impide evitarla si vuelve a ser condenado en alguna de las causas por las aún que tiene responder.

En la sentencia conocida ayer, el magistrado le impone la pena solicitada por la fiscalía y le aplica las atenuantes de reparación del daño, al haber ingresado 330.000 euros, y de confesión, por haber reconocido los hechos durante el juicio que se celebró a finales de enero.

El fallo señala asimismo que Parra deberá indemnizar al FROB, y en su defecto a Caixabank como sucesor de Banco de Valencia, en forma conjunta y solidaria con los responsables a título lucrativo, con 395.000 euros para reparar el año derivado del exceso de disposición de los tramos establecidos en el préstamo al promotor. A ese importe se deberán sumar otros 114.525 euros, como cantidad que resta por recuperarse de un préstamo ICO, lo que eleva el montante a un total de 509.525 euros, a los que se añadirán los intereses correspondientes.

De esa cantidad, no obstante, se descuentan los 330.000 euros pagados por Parra, por lo que la cuantía a satisfacer es de 179.525 euros.

La resolución condena a afrontar esas indemnizaciones, en condición de terceros a título lucrativo, a la sociedad Pegoliva SL y subsidiariamente a Salvador, Juan José e Isabel Pons Sivera, con responsabilidad solidaria entre ellos.

Domingo Parra ocupó el cargo de consejero delegado de Banco de Valencia desde julio de 1994 hasta octubre de 2001, cuando fue cesado. Según recoge la sentencia, la entidad bancaria concedió el 27 de septiembre de 2007 a Pegoliva un préstamo promotor por importe de 4,9 millones dirigido a la construcción de 25 viviendas, así como a posibilitar las ventas y subrogación de los futuros adquirentes. En el marco de ese crédito, afirma, «Domingo Parra realizó unilateralmente, y en perjuicio de los intereses de la entidad bancaria, disposiciones de fondos por encima de los estipulado y en contra de los criterios del Departamento de Riesgos, así como autorizó personalmente un préstamo ICO prescindiendo de las garantías personales exigidas por el citado departamento que hubieran posibilitado su recobro, en claro detrimento de los intereses del Banco de Valencia». Tanto el préstamo ICO como el inicial quedaron impagados.

Según el magistrado, Parra y su mujer, ya fallecida, estaban vinculados económicamente con las sociedades que se beneficiaron de los fondos obtenidos mediante este préstamo (Edioliva Promociones y Mapose) y mantenían una relación de amistad previa a los hechos con la familia Pons Sivera, propietarios de la sociedad prestataria Pegoliva.

La sentencia describe la operativa y señala que, entre 2007 y febrero de 2011, Pegoliva dispuso de 4,4 millones del préstamo promotor. En un primer momento, conforme a lo estipulado y autorizado por el Comité de Riesgos, para solventar los problemas de liquidez por falta de ventas conforme a los cauces normales de contratación bancaria. Fue a partir de noviembre de 2010 cuando Domingo Parra realizó una serie de actuaciones «contraviniendo los criterios de riesgo de los departamentos correspondientes, en contra de los intereses de la entidad bancaria y en beneficio tanto de la empresa prestataria a la que le unían intereses económicos y de amistad, como de sí mismo y de su esposa».

Desde que Domingo parra dejó el cargo de consejero delegado de Banco de Valencia, su agenda viene marcada por la evolución de las causas judiciales que se le han ido abriendo (y algunas cerrando). En total, el FROB emprendió acciones legales por cerca de una decena de causas en las que le involucró. La principal es la del presunto falseo de las cuentas del banco en 2009 y 2010 con el que habrían ocultado las pérdidas que terminaron por aflorar y llevar a la intervención en 2011. Tras años de pesquisas, se preveía cerrar la instrucción a finales del año pasado.

A esta se suman operaciones concretas en las que se enfrenta a acusaciones de administración desleal y apropiación indebida. Como la que llevó a Parra al banquillo de la Audiencia Nacional junto al responsable de negocio inmobiliario, Alfonso Monferrer, y los empresarios Juan Soler, Salvador Vila, Carlos Pascual, Fernando Polanco y Teresa Villalba, por negocios que causaron un agujero de 160 millones.

Pendiente de la apertura de juicio oral está el caso de Costa Bellver, donde se le implica junto al ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y los hermanos Calabuig. Otro tanto sucede con las inversiones en México del proyecto Grand Coral, junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y también Izquierdo. Además, continúa el caso de las piscifactorías del fallecido Antonio Asunción y Társilo Piles.

Por contra, tres causas le han sido archivadas. Se trata de las relativas a préstamos y daciones en pago a empresas de Juan José Sanchis; operaciones con el Grupo Cursach, del llamado 'rey de la noche' de Mallorca; y otra sobre la financiación de la empresa Royactura.