Domingo Parra admite que usó el Banco de Valencia en beneficio de una empresa afín

El exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, apunta la primera condena por operaciones en la entidad que dirigía. El ejecutivo ha admitido en la Audiencia Nacional haber abusado de sus funciones en la gestión de préstamos a una sociedad en la que tenía intereses y con cuyos propietarios le unían lazos de amistad, la promotora Pegoliva, del empresario Salvador Pons. Durante la última sesión del juicio por presunta administración desleal, Parra ha intervenido brevemente para ratificar un escrito de reconocimiento de culpa ante el juzgado central de lo Penal, tras lo cual la Fiscalía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sólo han discrepado sobre la cuantía a desembolsar como responsabilidad civil al exponer sus informes finales.

Después de que el acusado haya abonado 330.000 euros para reparar parcialmente el daño, el fiscal Alejandro Cabaleiro ha rebajado su petición de condena para el exconsejero desde los tres años y medio hasta un año y siete meses de cárcel. Esto le aleja de la prisión por este caso, pero le impide evitarla si vuelve a ser condenado por alguna de las cinco causas de las que está teniendo de responder.

Además, el ministerio público considera que los 1,1 millones que le solicita el FROB son desproporcionados porque el proceso «no se basa» en la concesión del préstamo promotor de 4,9 millones de euros, el cual no fue íntegramente abonado, sino en las «sobredisposiciones» que Parra autorizó.

A esta versión se ha opuesto el FROB, al valorar que se debe tener en cuenta el quebranto que ocasionó al Banco de Valencia el impago tanto del préstamo inicial como de la línea de crédito posterior. En su escrito, el Ministerio Público mantiene que Parra «realizó unilateralmente y en perjuicio de los intereses de la entidad, disposiciones de fondo por encima de lo estipulado y en contra del Departamento de Riesgos» a la sociedad Pegoliva, a la que precisamente estaba «vinculado económicamente».

A finales de 2010, Parra habría utilizado «los poderes de los que disponía», beneficiando a la empresa «a la que le unían intereses económicos y de amistad»; de igual modo, «autorizó personalmente un préstamo ICO» por importe de 360.000 euros, de los cuales 330.000 euros fueron a parar a una compañía en la que tenían suscrito capital tanto su mujer como, hasta finales del año 2011, él mismo.

Por esta conducta reclama que indemnice con 509.525 euros de forma conjunta y solidaria al FROB, que inyectó 4.500 millones a la entidad valenciana antes de su venta, o a Caixabank, como sucesora.

De esta cantidad se restarían los 330.000 euros ya consignados por Parra esta semana ante su «voluntad inesperada de retractación de su inicial declaración», en la que se negó a responder a las cuestiones de Anticorrupción. La Fiscalía ha confirmado además su acusación contra la familia propietaria de estas compañías como partícipes a título lucrativo, y ha apuntado directamente a uno de sus integrantes, Salvador Pons, quien «mintió» al banco para obtener el préstamo.

A su parecer, aunque finalmente este dinero no sirvió para reflotar la situación patrimonial de las sociedades, «si a Salvador le hubiera salido bien la jugada, habrían obtenido beneficios, se habrían repartido dividendos y los socios (la familia) habrían obtenido el dinero en metálico». Una explicación que ha sido rechazada por la defensa de Pons, que ha afeado que Anticorrupción y Domingo Parra hayan llegado a un acuerdo que ha calificado de «encubierto» por el que sus clientes van a ser condenados.