Climent reactiva la tramitación del plan que impide la construcción de Intu Mediterrani

La Conselleria de Economía estrena legislatura con la reactivación de la tramitación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat (Patsecova), que niega la autorización autonómica a los proyectos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, como Intu Mediterrani, con el argumento de que son incompatibles con los criterios de sostenibilidad exigidos.

La intención del departamento que dirige Rafael Climent (Compromís) era tener listo ese decreto antes de las pasadas elecciones autonómicas pero el adelanto de los comicios por parte del presidente Ximo Puig frustró esos planes.

La Dirección General de Comercio, a cargo entonces de Natxo Costa, completó el segundo periodo de información pública y obtuvo el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, pero se quedó sin tiempo de cerrar la tramitación y elevar el Patsecova al Consell para su aprobación, prevista para el 26 de abril. De haberse cumplido el calendario anunciado en rueda de prensa, estaría en vigor desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.

No obstante, la legislatura expiró con ese proyecto entre las asignaturas pendientes del comercio y, como tal, fue incluido en el Pacto del Botánico II que firmaron PSPV, Compromís y Unidas Podemos para formar el nuevo Consell.

Llegados a este punto, Climent inició la tramitación del Patsecova como decreto del Consell, una vez superados todos los trámites para la aprobación de ese proyecto, entre ellos la emisión de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, este plan se reactivó mediante una resolución de finales de junio, a la semana de confirmar a su equipo que continuaría como conseller de Economía una segunda legislatura. En ese documento, Climent da el pistoletazo de salida a la tramitación y se la encomienda a la Dirección General de Comercio.

A comienzos de julio fue precisamente el ex director general de Comercio Natxo Costa quien, en calidad de actual subsecretario de la Conselleria de Economía, remitió el proyecto de decreto a otros departamentos de la Generalitat para que, en un plazo de diez días, presenten alegaciones.

Los pasos a seguir en estos casos incluyen también la petición de informes a la Abogacía General de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu e incluso la realización de un nuevo trámite de audiencia a los posibles interesados. No obstante, al tratarse de una normativa que en su día ya recabó dictámenes de estas instituciones y fue sometida a dos periodos de información pública, que se saldaron sin cambios de calado, la administración podría convalidar parte de esa tramitación.

Cuando ese decreto entre en vigor impedirá la instalación de Intu Mediterrani, que continúa su tramitación tras la enésima modificación para subsanar los reparos de la Generalitat y más que duplica ese listón de 120.000 metros cuadrados de sala comercial, al que actualmente no llega ningún centro comercial de la Comunitat. El más grande, según la conselleria, es Nuevo Centro con unos 112.000 metros cuadrados.

La normativa, de carácter vinculante, da ocho años para adaptar los planes urbanísticos y territoriales, como el impulsado por Paterna para autorizar el complejo que promete 860 millones de inversión.

Para librarse de ese veto, Intu debería tener el informe ambiental o territorial estratégico cuando el Patsecova entre en vigor, algo que desde Comercio se consideró «materialmente imposible» por plazos. En la presentación del calendario hoy obsoleto, Costa apuntó que otra vía para esquivarlo sería la declaración de 'área de nueva centralidad comercial', a dinamizar, figura opuesta a la de zona comercial saturada y que, según dijo, «no parece posible» en el área metropolitana de Valencia.

Desde Intu, por su parte, anunciaron querellas por prevaricación y falsedad documental contra la Generalitat y «los responsables políticos de resoluciones administrativas sumamente cuestionables». En relación al Patsecova, aseguraron que Economía «se extralimita» cuando introduce ese tope de 120.000 metros cuadrados, al «entrar a regular el sector del ocio respecto al cual no tiene competencia alguna».