El comercio critica el «bloqueo» de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros y exige «medidas urgentes»

Más de 8.000 comercios en la provincia de Valencia están afectados por la dana y las pérdidas materiales incluyen locales destruidos, inventarios perdidos y maquinaria inservible. Además, según la patronal del comercio que preside Rafael Torres, dadas las fechas, «en sectores como alimentación y hostelería, que ya contaban con los productos de la campaña de Navidad, o las floristerías, que estaban a dos días de su campaña más fuerte del año, las pérdidas suponen hasta un 35% de la facturación anual de muchos de estos negocios».

«La demora en la reactivación económica afecta también al tejido social, pues estos comercios son el sustento de miles de familias y contribuyen significativamente a la economía local», remarca la organización empresarial en un comunicado en el que también alerta de que la falta de pago de las pólizas de seguros contratadas «está elevando las previsiones de cierres definitivos de comercios al 35%».

Según datos del último informe publicado del Consorcio, sólo el 6,3% de las solicitudes de indemnización han sido resueltas. Este retraso imposibilita que los establecimientos puedan iniciar obras de reparación, reponer inventarios o adquirir equipamientos necesarios para retomar su actividad. En un contexto de emergencia, «la falta de celeridad en estas gestiones resulta inaceptable».

«Es prioritario que se actúe con rapidez y eficiencia. Los comerciantes no pueden esperar más por unas indemnizaciones que son clave para su recuperación. Hacemos un llamamiento al Consorcio y a las autoridades para que prioricen la resolución de esta problemática, ya que el comercio local es fundamental para mantener la cohesión social y económica de nuestros barrios y pueblos y no olvidemos que lo más importante son las personas, y que detrás de los fríos números hay personas, familias y mucho sufrimiento», ha señalado Rafael Torres.

La denuncia de Confecomerç no se ha quedado ahí y también ha puesto sobre la mesa una serie de problemas detectados en el sistema de tramitación de las indemnizaciones, como es la exigencia de presupuestos detallados en casos de siniestro total. Así, recuerdan que, dada la situación de emergencia y la urgencia en la reconstrucción, se acordó que se pagaría el 100% de las coberturas contratadas sin necesidad de aportar presupuestos. «Sin embargo, en muchos casos esto no se está cumpliendo, y al obligar a la presentación de presupuestos de proveedores desbordados por la altísima demanda, se retrasa considerablemente el acceso al dinero de la póliza contratada», explican.

Asimismo, las valoraciones de herramientas y maquinarias clave, como cámaras frigoríficas, básculas, maquinaria de hostelería y otros equipos de trabajo, se están tasados por debajo de su valor de reposición, «ignorando el aumento de costos en el mercado actual».

Confecomerç también lamenta la falta de soluciones efectivas por parte de las entidades financieras, ya que a pesar del acuerdo para adelantar indemnizaciones a tipo de interés cero, los bancos exigen avales que los comerciantes afectados no pueden proporcionar, «perpetuando la inacción».

A ello se une que lo que califica de «ineficiencia en la gestión de peritajes», pues aunque el Consorcio anunció la contratación de 1.700 peritos adicionales para acelerar la tramitación, «el colapso es real.» Según la nota informativa del propio Consorcio publicada el pasado 13 de diciembre, se han recibido 225.332 solicitudes de indemnización y solo se han pagado 14.295, de los que solo 788 son de comercios. Si cada perito hubiera tramitado tres expedientes diarios durante los 50 días desde la DANA, se podrían haber resuelto 255.000 solicitudes. Sin embargo, el progreso es mínimo y no se ha ofrecido una justificación clara para esta ralentización, detalla la patronal del comercio.

Por ello, Confecomerç insta al Consorcio de Seguros y a las autoridades competentes a implementar medidas urgentes para resolver esta situación, como adelantos de las indemnizaciones mediante declaración responsable; optimizar los procesos de tramitación, simplificando y agilizando las gestiones de peritaje y valoración; y facilitar los anticipos bancarios con la supresión de la exigencia de avales por parte de las entidades financieras para los anticipos acordados.