El aval de Puertos de Estado (vía la emisión de informe favorable) para finalizar el proyecto de la ampliación norte del puerto de Valencia, en concreto la construcción de la terminal de contenedores, no ha frenado la batalla política en el Botánico a ... cuenta de esta infraestructura. Si el viernes pasado, tras el pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, apelaba a lo firmado en el pacto del Botánico (dar prioridad a las políticas de «sostenibilidad ambiental»), este martes su compañera de partido y de gobierno Mireia Mollà daba un paso más e instaba a llevar el asunto a los tribunales.
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Según la consellera de Transición Ecológica, la ampliación norte «está abocada a terminar en los tribunales» porque «no es la que estaba amparada por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)», actualmente vigente aunque data de 2007 y que Puertos del Estado también considera válida. En un encuentro con medios tras presentar el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de los municipios de la Comunitat, Mollà ha sugerido que sea el Consell quien dé ese paso para hacer cumplir lo contemplado en las medidas cautelares del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera, aprobadas en 2021 con motivo de la revisión de este documento.
No es la primera vez que la responsable de Medio Ambiente del Botánico amenaza con llevar al juzgado el proyecto de la ampliación norte, pues lo hizo en junio del año pasado cuando incluso extendió, a través de una carta, a todo el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) las posibles responsabilidades personales de «cualquier actuación que contravenga las medidas cautelares aprobadas por el Consell».
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Ahora, tras conocerse el nuevo informe de Puertos del Estado, Mollà ha señalado que su departamento recordará a la Abogacía que el Consell aprobó unas medidas cautelares vinculadas a la modificación del PORN de la Albufera que dicen «claramente» que el objetivo es «ampliar la parte marina en la protección del lago» y que cualquier proyecto que pueda impactar sobre esta zona tiene que estar supeditada a las medidas cautelares. «Mientras duren esas medidas, tiene que estar paralizada la ejecución de cualquier proyecto», ha remarcado y ha recordado que así ha sido en otros PORN.
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Por tanto, a su juicio, «no se puede aprobar una ampliación del puerto en una zona que puede impactar sobre el espacio de la Albufera», que no es sólo terrestre sino también marino, aspecto en el que ha hecho hincapié. «El Consell tiene que hacer valer sus acuerdos; si no lo hace, no sé para qué los acuerda», ha apuntado la titular de Transición Ecológica, lo que anticipa otro capítulo de confrontación entre los socios del Botánico aunque el PSPV ha intentado siempre mantener una posición ponderada de necesidad de defender la sostenibilidad ambiental con crecimiento económico, como declaraba de nuevo Ximo Puig el pasado viernes.
«Si alguien quiere un Mar Menor para la Albufera que lo diga. Yo no, como tampoco quiere convertir la parte marina del lago en un parking para buques», ha recalcado en su comparecencia. Además, ha recordado que «todavía a fecha de hoy ni un funcionario o técnico firma ningún documento que certifique que esta ampliación no necesita una DIA». En este sentido, el último informe de Puertos del Estado pide a la APV que emita una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental.
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Mollà también ha recriminado la dejadez de funciones del Gobierno con este tema. «Lo que hizo fue una resolución que está discutida y que tendrá que decirse si se hizo conforme a norma al dejar que el puerto fuera juez y parte sobre una ampliación que a nuestro entender técnico impactaría de manera decidida y crítica a la Albufera», en referencia a que desde abril de 2021 la APV es el órgano sustantivo que ejecuta la actuación tras la modificación que realizó el Ministerio de Transportes.
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