![Puerto de Valencia | Compromís traslada su ofensiva contra la ampliación del puerto al Senado tras fracasar la alianza con los independentistas](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202205/31/media/cortadas/1446409187-RcRVXWM1HdxjPxEskfYriHO-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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La política nacional volverá a abordar el proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia. Si la semana pasada se habló de este tema, hasta en dos ocasiones, en el Congreso de los Diputados, esta vez el escenario será el Senado, aunque la ... fecha está por concretar. ¿El motivo? Compromís ha trasladado su ofensiva contra esta infraestructura a la Cámara Alta tras fracasar la Proposición No de Ley (PNL) impulsada en la Baja junto con los independentistas de ERC y la CUP, Más País, Nueva Canarias y Unidas Podemos, partido que finalmente defendió la iniciativa rechazada.
Así, la formación ha registrado una moción en el Senado de la mano del grupo parlamentario de Izquierda Confederal, en el que también figuran Más Madrid, Adelante Andalucía, Agrupación Socialista La Gomera, Geroa Bai y Més per Mallorca, en la que se insta al Gobierno central a reconsiderar la ampliación norte del puerto. Compromís, que ya llevó la ampliación norte al Senado en 2019 y 2021, recoge así la propuesta de la Comissió Ciutat-Port que también se presentó en el Congreso.
De hecho, el texto es el mismo tanto en la exposición de motivos como en la parte de la moción, por lo que se hace eco de los «puntos básicos» que, según la Comissió se han expuesto «en repetidas ocasiones». Esto es, la paralización del proyecto de ampliación, la reversión íntegra de la ZAL en zona verde, la renuncia a la construcción de la nueva terminal de cruceros, el desmantelamiento del dique norte de abrigo, la depuración de responsabilidades respecto a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), la reasignación de inversiones para proyectos de transición ecológico y un nuevo modelo de gobernanza de los puertos.
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Además de pedir que se desista de la ampliación, la moción reclama la paralización de otras infraestructuras clave para la Comunitat, como la ampliación de proyectos terrestres «asociados a la ampliación del puerto de Valencia», entre los que menciona la duplicación de carriles de la A-7 (el by-pass), la V-30 o la V-31. «En particular, renunciar a construir el acceso norte al puerto», recoge el texto.
Como en la PLN, que se enmarca dentro de la campaña iniciada hace cinco años por este colectivo contrario al proyecto de ampliación, se insiste en la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se remarca que el proyecto actual tiene «objeciones ambientales» y «fundadas dudas de legalidad».
Para la Comissió Ciutat-Port, «después del debate en el Congreso de la PNL presentada, plagado de incongruencias y falsedades, así como cuestiones ajenas al interés que esta organización persigue, esperamos que el Senado pueda ser un espacio a la altura de la problemática social y ecológica de una ampliación de estas características».
Esta PNL fue rechazada en la Cámara Baja con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. En aquel debate tanto las diputadas Belén Hoyo (PP) como María Muñoz (Cs) remarcaron el papel de los independentistas en su ofensiva contra el puerto de Valencia al recriminar a ERC y la CUP que boicoteen la ampliación mientras respaldan un proyecto similar en el caso del de Barcelona. Mientras, tanto Unidas Podemos como ERC y la CUP criticaron, al igual que se hace en la moción registrada en el Senado, que se destinen recursos públicos para un proyecto privado y alertaron del impacto medioambiental de la ejecución de la ampliación.
El registro de la moción en el Senado coincide, además, con la celebración en Valencia de la Conferencia de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) donde se darán cita más de 200 responsables de los principales recintos portuarios europeos, instituciones y administraciones para abordar el potencial de los puertos de Europa y su papel en la actividad económica y la lucha contra el cambio climático.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha advertido de la posible pérdida de competitividad del puerto de Valencia si no se corrige en Bruselas la propuesta de inclusión del transporte marítimo en el comercio de emisiones. El presidente de la patronal ha mantenido este martes una reunión con eurodiputados españoles y valencianos en el Parlamento Europeo, con la que ha concluido su visita institucional a Bruselas.
Durante el encuentro, el presidente y los vicepresidentes de la CEV se han interesado por los «peligros» que puede llevar aparejados la propuesta de la Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo para incorporar el sector marítimo al Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), según ha informado la confederación en un comunicado.
A este respecto, el presidente de la CEV ha agradecido las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario socialista para evitar que los barcos pueden desviarse fuera del alcance del sistema de comercio de emisiones y ha coincidido con la eurodiputada del PSOE Inmaculada Rodríguez Piñero en los posibles riesgos de «fuga comercial y de carbono» que entrañará esta normativa a través del desvío de barcos fuera del alcance del RCDE.
«Si no se corrige la propuesta, los buques encontrarán formas de evitarla desviando y haciendo escala en puertos vecinos para minimizar costes», ha advertido. Navarro cree que «esa fuga de carbono generaría a la larga más emisiones globales y repercutiría en contra de la competitividad de los puertos españoles, entre ellos el valenciano que ha hecho de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático uno de sus ejes estratégicos». Ha insistido en que «este desvío es un riesgo real que hay que evitar».
Por otro lado, y con la vista puesta en la presidencia española del Consejo de la UE, en la segunda mitad de 2023, la CEV ha situado la estrategia de política industrial y de inversión como una prioridad para dinamizar la actividad económica. Asimismo, han reclamado que las políticas europeas se apoyen más en la colaboración público privada; han solicitado un marco normativo europeo en materia de sostenibilidad que evite la proliferación de leyes nacionales o autonómicas, que incluso entran en colisión; han insistido en la necesidad de acelerar la ejecución del corredor mediterráneo, y han denunciado que la falta de agilidad administrativa en España está perjudicando la llegada de los fondos europeos a la economía real.
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