La Comunitat afrontará una avalancha de concursos de acreedores en septiembre

Con el mes de agosto inhábil, será en menos de dos semanas, ya en septiembre, cuando se abra la veda de lo que se espera que sea una avalancha de concursos, según indica a el economista Antonio Herrero, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia (COEV). Aunque la cantidad es imposible de calcular, se estima que sean miles de 'empresas zombie' en la Comunitat las que entren en esta situación al verse abocadas al cierre por no poder devolver los créditos ICO.

«Pese a que agosto es un mes inhábil, estamos viendo un mayor interés en la presentación rápida de concursos, sobre todo por parte de aquellos negocios con problemas para devolver los préstamos del Covid, es decir, aquellas 'empresas zombi' que han sobrevivido con el apoyo de ayudas públicas y que ahora se dan de bruces con la inflación», explica. «Más profesionales y compañeros coincidimos en que numerosas empresas se están preparando para presentar el concurso voluntario en cuanto acabe el verano», añade.

En concreto, en julio se contabilizaron 129 concursos y 236 disoluciones en la Comunitat. Estos datos, además, reflejan un peor comportamiento en la región valenciana que en el conjunto nacional, donde el incremento fue del 25% frente al 50% de las mercantiles valencianas. Las disoluciones, por su parte, se elevan un 9 % frente al descenso del 5 % general.

En total, en los siete primeros meses del año, el incremento de los concursos en la Comunitat es del 19%, alcanzando 624, mientras que los datos para el conjunto del país crecen un 4%. Las disoluciones avanzan un 8% hasta 2.202.

Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio son los dos sectores que más procesos de ambos tipos registraron desde enero, con 135 y 161 concursos y 589 y 494 disoluciones cada uno. Por provincias, Alicante suma 174 concursos y 660 disoluciones, Castellón 72 y 336 y Valencia los 378 y 1.206, según el mismo informe.

Según Herrero, es «bastante probable» que haya un aumentado muy significativo de concursos, no sólo por el fin de la moratoria, sino porque el Gobierno introdujo una modificación de la ley orgánica que agiliza la tramitación al aliviar la carga de trabajo a los juzgados de primera instancia y derivarla a los de mercantil. «Se han dado cuenta del retraso que se estaba produciendo por la falta de especialización de los juzgados de primera», agrega el economista.

«La moratoria eximía de responsabilidad concursal a los administradores, pero es importante reseñar que la ley mercantil que ha estado en vigor estos dos años contemplaba una obligación de llevar la empresa como buen padre de familia. Es decir, la moratoria no era una carta blanca y si se demuestra que se ha agravado la insolvencia por no presentar a tiempo el concurso, se tendrá en cuenta», añade.