El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el «decreto ley omnibus», que modifica un amplio abanico de normativas para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania y que incluye medidas para agilizar la instalación de plantas de energía fotovoltaica. Cabe recordar que en la Comunitat hay atascados 315 proyectos de renovables, pendientes de aprobación, según los datos de la Conselleria de Economía, aunque hay cerca de 500 inversores interesados, según la patronal valenciana de la energía Avaesen.
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La agilización de los tiempos necesarios para tramitar e instalar plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana es una reivindicación que el sector lleva años haciendo. La región valenciana llega a sextuplicar los plazos de otras autonomías limítrofes como Castilla La Mancha y Aragón, situación que ha llevado a los empresarios a advertir en varias ocasiones sobre el trasvase de inversiones que se produce a estas otras regiones en detrimento del mercado valenciano. Además, en 2021 sólo se añadieron a la red 41 megavatios procedentes de energías verdes en la Comunitat, una cantidad diez veces inferior a la que registraron otros territorios colindantes.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al plenario del ejecutivo valenciano que este decreto se ha aprobado de manera atípica. Y es que, la negociación se alargó este jueves más tarde del 'consellet' (la reunión de subsecretarios que da luz verde a los acuerdos que pasarán el día siguiente por el pleno).
Oltra ha explicado que, entre las 62 páginas de este decreto, se encuentra un cambio que busca desentaponar la aprobación de fotovoltaicas y eólicas, con una mayor participación de los ayuntamientos en las plantas más pequeñas. Los consistorios podrán realizar informes para las plantas que generen menos de cinco megavatios.
A falta de leer el texto definitivo más en detalle, el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, anticipa que no acaba de ver claro de qué manera se consigue reducir los plazos con esta nueva norma. «Parece ser que complica los trámites, porque añade más pasos. Sí que clarifica algunas cuestiones que no estaban definidas, pero no parece que las simplifique. Se ve que intervienen más organismos, por lo que si no están muy sincronizados, será difícil que se reduzcan los tiempos. Me falta ver el decreto más en detalle, no obstante. No me quiero anticipar», ha asegurado Lacruz, que recuerda que en lo que va de año «no se ha autorizado todavía ningún proyecto».
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Por otro lado, con este decreto, también se ha modificado la Renta Valenciana de Inclusión para ampliar la cantidad que perciben las familias en el módulo garantizado para hacer frente a los suministros. Así, el incremento de un 25% que recibía una familia que tenía hipoteca o alquiler pasa a ser del 30%, y en el caso de las que no tienen, pasan del 10 al 15%.
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