La apuesta del Consell por la vivienda se focaliza ahora en uno de los sectores de la población más perjudicados por la situación económica actual: los jóvenes. El nuevo decreto de vivienda de protección pública, presentado este jueves en el Palau de la Generalitat, tiene ... como objetivo prioritario facilitar la emancipación de los menores de 35 años en la Comunitat.
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La fórmula que el Ejecutivo valenciano ha utilizado para tratar de alcanzar el objetivo se basa en la creación de una tipología especial de vivienda protegida destinada especialmente al público joven, que, según la Vicepresidenta y Consellera de Vivienda, Susana Camarero, tiene ante sí «una misión imposible» a la hora de querer acceder a la vivienda.
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El nuevo decreto, del que también podrán ser beneficiarias las familias numerosas y monoparentales, las familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o las víctimas de violencia sobre la mujer, "establecerá la obligación de que todas las promociones VPP, tanto públicas como privadas, contengan una reserva mínima del 40% para menores de 35 años”, según ha explicado el presidente valenciano, Carlos Mazón.
Asimismo, la nueva normativa incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años. Además, el decreto tendrá distintos niveles de protección «para facilitar la inversión a los jóvenes», pero también a los promotores de vivienda: "Queremos incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas, apostando por una mayor simplificación normativa y garantizando la seguridad jurídica". El periodo de protección podrá oscilar entre 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven.
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Susana Camarero también ha destacado como principales novedades del programa el «novedoso sistema de fijación de precio máximo», que tendrá en cuenta los costes de edificación, la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias. "Este módulo dinámico y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias", ha indicado Mazón.
Con la puesta en marcha de esta nueva tipología de VPO, el Consell refuerza su apuesta por «solucionar la imposible situación de la vivienda» por la que pasa actualmente la Comunitat a la mayor brevedad posible. «El objetivo es regular el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana y sigue la senda de simplificación administrativa, facilitando los trámites con la idea de tener cuanto antes estas viviendas», ha asegurado la responsable de Vivienda en el Consell.
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El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha celebrado la entrada en vigor de "la primera piedra de un proyecto legislativo mucho más amplio" para reducir los problemas relacionadas con la vivienda, que según el propio jefe del Consell «no sólo es una obligación constitucional, sino también una obligación moral». Mazón ha explicado que la nueva normativa «se va a adaptar a cada terreno» para poder garantizar facilidad tanto al promotor como al comprador de vivienda.
«Ahora por fin con más de 200 ayuntamientos que se han adherido y que han confiado en el Proyecto Vive de la Generalitat Valenciana ya viene el decreto para aprovechando los suelos que empiezan a poner a disposición los distintos ayuntamientos, de todos los signos políticos, poder ir desarrollando físicamente promociones que se van a sumar a las ya iniciadas», ha indicado Carlos Mazón.
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