Climent enviará a la Policía Autonómica a las ITV para ejecutar la reversión del servicio

La transición «amable» de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desde lo privado a lo público a la que aspiraban tanto las concesionarias como la Generalitat cada vez parece más lejos. Después de que la polémica de las citas previas haya quedado judicializada, la Conselleria de Economía, que lidera el proceso de la mano de la nueva empresa pública que gestionará el servicio, ha apostado por movilizar a la Policía para hacer efectiva la reversión.

Así se ha decidido en una reunión interna del departamento que encabeza Rafael Climent y los nuevos responsables de la firma que gestionará el nuevo servicio público. Tal y como consta en la documentación elaborada, será la noche del 24 de febrero, último día antes de la primera tanda de reversiones, cuando se personarán en las instalaciones cedidas agentes de la Policía autonómica, que está adscrita a la nacional.

Las estaciones afectadas en esta primera tanda serán Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva. Se espera repetir el proceso en la segunda tanda que será efectiva en la noche del 3 de marzo y que, en este caso, afectará a Alicante, Alzira, Castellón, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, Sagunto-Puerto de Sagunto, San Antonio de Benagéber, Valencia-Campanar, Valencia-Vara de Quart y Vila-real.

El objetivo de que se persone una patrulla esa madrugada será el de precintar la instalación justo cuando los responsables de las empresas privadas hayan visto terminada su concesión tras algo más de 25 años. Como se recoge en la hoja de ruta, el día siguiente se volverán a presentar los agentes con trabajadores del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), entidad de la que depende la nueva firma pública que gestionará el servicio.

En ese momento es cuando se hará el traspaso efectivo. Las concesionarias deberán entregar un inventario con todos los bienes que ceden para su comprobación, así como todos los usuarios y las contraseñas de los diferentes programas informáticos. Por su parte, el personal del Ivace tomará la muestra de los contadores de luz y agua y realizará una inspección simulada de un vehículo para poder contar con diferentes datos.

Una vez concluidos estos trabajos y otros asuntos menores se firmarán las actas y se recogerán las llaves del recinto. En ese momento ya se procederá a instalar programas como el de la firma digital y se preparan las instalaciones para que el lunes siguiente las estaciones puedan trabajar. Esto quiere decir que, como excepción, los diferentes emplazamientos permanecerán cerrados el sábado.

Se apostará así por hacer una excepción en el calendario ya que, por norma general, en el sexto día de la semana se puede acudir a realizar la inspección. Todo ello con el objetivo de que se pueda empezar la siguiente semana con normalidad y tratar de que el usuario no perciba ningún cambio pese a que el servicio pase de ser gestionado por las manos privadas a las públicas.

El problema es que las buenas intenciones de la empresa pública de las ITV pueden quedar en palabras y que haya dificultades a la hora de poner en marcha la maquinaria. El mismo Rafael Climent, conseller de Economía, admitió a principios de semana que habrá «problemas» que atribuyó a la poca predisposición de las concesionarias.

La realidad es que la relación entre los dos actores que deberían colaborar está completamente rota y las tiranteces son evidentes en cada paso del proceso de reversión. Las cuestiones más que negociarse se solucionan en los tribunales, como es el caso de las citas previas.

Las mismas están paralizadas a partir de las fechas de la reversión. La Conselleria de Economía dictó una resolución para forzar a las concesionarias a prorrogar contratos de servicios como éste hasta el 30 de junio, pero las empresas se han negado a acatar la resolución y la han llevado a los juzgados. Ahora es imposible hacerse con una plaza a partir de esas fechas.

Este problema es solo el ejemplo que exhiben las concesionarias para defender que la Generalitat no está preparada para asumir el servicio. La decisión de hacerlo fue tomada en 2019 y figura en el pacto de Gobierno a petición de Compromís, pero los pasos para materializarla empezaron en el último año y aceleraron en la recta final de 2022.

Defienden que la situación actual no cuenta con «las garantías legales» necesarias y que existe una «imposibilidad técnica y organizativa» para hacer la reversión realidad. Como argumentos destacan que no se han especificados los bienes que deberán formar parte de los inventarios, que no se ha puesto en marcha un servicio de riesgos laborales.

Del mismo modo, recuerdan promesas incumplidas como la puesta en marcha de la nueva estación de ITV en Torrent o que no se ha negociado con otros ayuntamientos que, como el de Riba-roja, quieren que la estación deje de operar en 2024 al haber aprobado retirar el solar municipal.

Como último punto, exponen las dificultades en el ámbito de los Recursos Humanos, más allá de que en la actualidad la empresa solo tiene como trabajador al director general. Por el momento no hay un convenio colectivo unificado que han reclamado los sindicatos en diferentes reuniones y que la Conselleria de Economía asegura que no puede ser una realidad hasta que los empleados formen parte de la empresa pública, que los subrogará. Ahora hay seis convenios diferentes que llevarán a que las nóminas de los trabajadores sean diferentes en función de la estación en la que operen.

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