Los contratistas cifran en 150 millones los ingresos que perderá el Estado con la AP-7

Despejado el horizonte sobre la liberalización de la autopista de peaje AP-7 el 1 de enero de 2020, pues el Ministerio de Fomento ha reiterado en las últimas semanas que no se renovará la concesión actual (que expira el próximo 31 de diciembre), sobre la mesa se han puesto las cifras del impacto económico que tendrá esta decisión para las distintas administraciones.

Así, la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana calcula que el Estado dejará de percibir unos 150 millones anuales cuando la autopista pase al catálogo de la red estatal de carreteras y funciones como una autovía más. Una cantidad en la que se incluyen impuestos como el IVA, el IBI, el IRPF o la Seguridad Social de los empleados de la concesionaria actual, además del impuesto de sociedades.

Según los números que barajan los contratistas valencianos, y que en su día trasladaron mediante una carta abierta al ministro en funciones, José Luis Ábalos, la cifra de negocio de Aumar (filial de Abertis) en la Comunitat alcanza los 356 millones anuales, lo que supone un retorno fiscal de casi el 43% para el Estado, es decir, los 150 millones que dejarán de ingresarse a partir del próximo año.

En esa cuantía se incluyen, por ejemplo, los cerca de 30 millones correspondientes al IBI que cobran los municipios valencianos por los que atraviesa la AP-7 y cuyo coste se fija en función del valor patrimonial del tramo de la autopista. En este sentido, el jueves pasado, el Ayuntamiento de Vila-real señalaba que las arcas municipales dejarán de ingresar 180.000 euros por el IBI que paga la empresa concesionaria de la autopista. «Una noticia que aplaudimos, pero que suma una nueva merma de ingresos a la ya delicada situación económica municipal», dijo el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol.

También Seopan (la patronal nacional de constructoras y concesionarias) hizo sus propios números. En este caso, la eliminación de los peajes de las autopistas cuyas concesiones terminan este año tendría un coste de 450 millones al año para las arcas públicas. En este caso, se incluye toda la AP-7 (el tramo Barcelona-Tarragona vence también en 2021), la AP-1 Burgos-Armiñón (sin peaje desde finales de noviembre de 2018), la AP-4 Sevilla-Cádiz o la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Mientras, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) estimó que el fin del peaje generaría una aceptación social inicial pero complicaciones presupuestarias a medio y largo plazo, traducidas en 326 millones al asumir todos los costes la administración.

En el lado contrario, el beneficio que supondrá levantar las barreras a partir de Año Nuevo para los transportistas y para los particulares, especialmente para las comarcas de la Marina y la Safor, cuyos habitantes siguen utilizando la N-332. Así, un valenciano que quiera pasar el fin de semana en Dénia dejará de abonar los 18,60 euros del viaje de ida y vuelta si circula por la autopista.

En el caso de un conductor que quiera atravesar la Comunitat el ahorro será de 37,35 euros, que es el coste del peaje entre Vinaròs-Sagunto y Silla-Monforte del Cid, según las tarifas de Aumar para este 2019, ya que el tramo entre Sagunto y Silla es gratuito al utilizarse el by-pass. O de 50,55 euros para un camionero por el mismo recorrido. En este sentido, los transportistas cifraron en 1.900 euros por vehículo el ahorro de costes con la liberalización.