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La historia de la ampliación del Hospital Clínico está salpicada de vaivenes desde aquel 2002 en que la Generalitat intentó por primera vez la remodelación integral del edificio situado en la avenida Blasco Ibáñez añadiéndolo la antigua Escuela Técnica de Agrícolas (EUITA).
El ejemplo ... más reciente de los traspiés se ha vivido esta semana, cuando ha trascendido tanto la paralización de las obras de ampliación del centro sanitario como el varapalo del Consell Jurídic a la Conselleria de Sanidad por tratar de cancelar el contrato a la consultora que redacta los proyectos, que son dos (un edificio para consultas externas y otro para hospital). En el caso de los trabajos en el solar, ayer ya al menos dos operarios desarrollaban tareas de limpieza de los montones de tierra con una excavadora, además de un camión contenedor para retirar el material, como comprobó LAS PROVINCIAS.
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A ello se suma ahora el malestar de los contratistas valencianos, que sospechan que la intención del departamento que dirige Ana Barceló es trasladar el encargo a la empresa estatal Tragsa, que se encarga de actuaciones urgentes, como las que son necesarias en caso de catástrofes naturales, pero cuyo cometido se ha visto ampliado en los últimos años con encargos de obras por parte de la Administración que deberían corresponder a las empresas privadas.
La sospecha, que hizo ayer pública la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, no sólo radica en ese intento de anular un contrato ya adjudicado y en marcha sino en la sorpresa –traducida en malestar en el sector– que ha causado la licitación del proyecto de reforma, ampliación y rehabilitación del antiguo edificio de Agrónomos por 38 millones (IVA incluido).
Apenas dos semanas (14 días hábiles) son los que tienen las constructoras interesadas para presentar su proyecto y propuesta económica, es decir, hasta el 16 de agosto. Se trata, según apunta la Cámara, de un plazo corto aunque la conselleria opte por la modalidad de urgencia que permite acortar los pasos habituales de un procedimiento administrativo, ya que la ampliación del Clínico se declararon de emergencia por la pandemia a finales de febrero de este año.
Para el director-gerente de la organización, se ha abusado del trámite de urgencia «cuando llevan más de cuatro meses perdidos en los que podrían haber activado el proceso». «Sólo dan 14 días para estudiar el proyecto aún incompleto y presentar ofertas. Eso cuando todas las administraciones, a efecto de plazos, para presentar ofertas , consideran inhábil el mes de agosto», dijo.
Lo habitual sería haber dado un mínimo de 30 o 45 días al transcurrir la licitación en agosto. En este sentido, ayer mismo el Ministerio de Transportes sacaba a concurso las obras del by-pass, donde fija hasta el 10 de septiembre el plazo de presentación de ofertas.
La llegada de los fondos europeos 'Next Generation' y los plazos para la ejecución de los proyectos y las obras (deben estar en 2023) han encendido las luces de alarma en el sector de la construcción, que teme que la empresa pública Tragsa se lleve proyectos que deberían salir a licitación para que pudieran ser realizados por compañías privadas.
Ese temor se ha traducido en una carta que la Confederación Nacional de Construcción ha dirigido al Ministerio de Presidencia y que la Cámara de Contratistas de la Comunitat ha remitido también a Presidencia de la Generalitat y las consellerias de Hacienda, Economía, Sanidad, Obras Públicas y Transición Ecológica.
En el escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se señala que el sector «se encuentra preocupado, en primer lugar, por la posibilidad de que alegando problemas de burocracia, tramitación o plazos, se caiga en la tentación de sustraer de la licitación pública –que respeta los principios de publicidad y concurrencia– la ejecución de los contratos que deberían ser de plena competencia de la iniciativa privada, y utilizar la solución fácil de acudir a los encargos a medios propios».
Por ello, los contratistas lanza la advertencia de que en ese caso se acudirá a los tribunales vía recursos, lo que podría conllevar la paralización, «o cuanto menos, una significativa demora en la tramitación de proyectos y con ello la ansiada ejecución y progresiva llegada de los fondos europeos para la economía de España».
De ahí el temor a que el concurso pueda quedar desierto, ya que también se suma el actual contexto de incremento de los precios de las materias primas, y la conselleria opte por hacer la encomienda a Tragsa. Algo que ya sucedió hace unos años con la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, cuya licitación quedó desierta y el Consell optó por hacer el encargo a la empresa pública. Entonces, los contratistas acudieron al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para denunciarlo con un recurso, que se aceptó. Finalmente Tragsa sólo se encargó de la redacción del proyecto.
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