Los contratistas impugnan obras ferroviarias al incluir Adif una cláusula abusiva

La relación entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y los contratistas de obra pública no pasa por su mejor momento. Además del incremento de los precios de los suministros, la tensión radica en una cláusula que el organismo dependiente del Ministerio de Transportes introdujo hace unos meses en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de las licitaciones y que el sector considera abusiva al entender que «se crea una arbitraria y retroactiva inseguridad jurídica» para las empresas, según explica la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.

En concreto, hace referencia a la potestad que tiene Adif para la resolución del contrato por incumplimientos de obligaciones contractuales, como los plazos o la interrupción de los trabajos. En este sentido, la organización recuerda el contexto actual o la existencia de modificados.

Por ello, la patronal nacional –que es la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)–, a instancias de las distintas asociaciones territoriales, ha iniciado la impugnación ante la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de una serie de obras licitadas por Adif en los últimos dos meses. En el caso de la Comunitat, afecta a contratos como el acceso ferroviario al puerto de Castellón (125 millones) o la rehabilitación y cambio de Cubierta de la estación del Norte (19 millones). También una de Aena en el aeropuerto de Manises referida a una pavimentación y cambio de pendientes en la zona de aparcamiento de aviones «para lo que se exige la presencia a tiempo completo de un ingeniero aeronáutico».

Las impugnaciones se extienden a obras del corredor mediterráneo en Murcia y a actuaciones ferroviarias en Barcelona y Sevilla. Se suman cinco contratos de servicios de conservación de carreteras por no incluir la revisión de precios que contempla el real decreto del pasado marzo y que pretendía limitar el impacto del incremento del coste de los materiales.

Empresas en riesgo

Precisamente este martes la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha alertado de que más del 90% de las empresas del sector no puede acogerse al real decreto debido a los requisitos exigidos. Según un estudio que ha realizado la patronal, sólo el requisito de que las obras tengan que tener una duración superior a un año para poder solicitar una revisión de precios ya deja fuera al 80% de ellas, que tienen una duración inferior a 12 meses.

En este sentido, el presidente de la CNC, Pedro Fernández, ha asegurado que «muchas empresas están muriendo por los sobrecostes que hay» (sólo la energía se ha encarecido un 85% en un año) y que el sector está «abocado a la paralización en pocas semanas» y ha alertado de «retrasos en las obras y abandono de proyectos porque o se reequilibra un poco el contrato o no salen las cuentas».

Entre las demandas de la patronal, rebajar del 5% al 2% la subida de precios a partir de la cual se puede activar la cláusula de revisión de los contratos; la aplicación del silencio administrativo positivo; el permiso para la sustitución de materiales, la incorporación del precio de la energía o elevar hasta el 50% el valor máximo de compensación sobre el precio de adjudicación del contrato frente al 20% actual.

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