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La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana apoya la propuesta de establecer un pago por uso en las carreteras que permita financiar el mantenimiento de la red viaria española, un planteamiento que recuperaba hace unos días el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que se intentó abordar en la anterior legislatura –en una comisión en el Congreso de los Diputados– sin éxito.
«Dadas las restricciones presupuestarias y la creciente necesidad de recursos públicos para gasto social (sanitario, judicial, asistencial, etc.) se pone en riesgo la adecuada conservación de las carreteras, pues no hay dotación suficiente», apunta el director-gerente de la organización, Manuel Miñés, para quien el déficit viario se solucionaría con un modelo de tarificación por uso en toda la red de alta capacidad (autovías, por ejemplo).
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Eso sí, aplicando «la discriminación positiva» por una serie de factores como frecuencia de uso (habitualidad, la no existencia de transporte alternativo en el servicio de Cercanías, usuarios de áreas de transporte metropolitano, estudiantes, etc.), congestión de tráfico, contaminación (categoría de emisiones, ocupación...) o deterioro de la red viaria (esporádico o habitual por trabajo).
«Si fuéramos a unas tarifas bajas (1 céntimo de euro/km para vehículos ligeros y 5 céntimos/ km para pesados) proporcionaríamos recursos necesarios para resolver el déficit de inversión en la red tarificada y sostener ya su anual conservación», añade.
Los contratistas recuerdan, además, el déficit en las partidas de conservación y mantenimiento que arrastran las carreteras, que en el caso del conjunto nacional un informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) cifra en 7.500 millones. Mientras, para las tres provincias valencianas se sitúa en 625 millones. «La Comunitat es la séptima en déficit de conservación», apunta Miñés.
Por ello, la Cámara reclama también al Ministerio de Transportes un plan de choque de 250 millones para aplicar en cinco años, lo que posibilitaría «poner a punto» la red viaria tanto estatal como autonómica como local. Mejora de firmes, balizamientos, señalizaciones, medianas, barreras, arcenes, etcétera entrarían en ese plan de choque.
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Al mismo tiempo, recuerdan que la inversión para esta partida en los Presupuestos del Estado es insuficiente, aunque reconocen que se ha aumentado respecto a la década anterior. Así, las cuentas para 2021 prevén 70,16 millones, muy lejos de los 83,5 millones que serían necesarios cada año para atender los kilómetros existentes en la Comunitat. En este sentido, Miñés recuerda que los PGE de 2021 sigue incorporando en el apartado de conservación los 21,31 millones del pago aplazado de la A-31 entre Alicante y Bonete.
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