Los contratistas plantean un plan de 10.200 millones para reactivar la economía

La Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval) lo tiene claro: «No hay recuperación sin la construcción porque hay una demanda de infraestructuras por parte de la sociedad». Es la reflexión que realiza su presidente, José Luis Santa Isabel, que recuerda que las infraestructuras («no sólo las carreteras») son «herramienta de vertebración, mejoras las condiciones de la sociedad o permite reducir la huella de carbono».

En esa línea, y con la mirada puesta en la reactivación de la economía, afectada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, Fecoval ultima un plan de obras cuantificado en 10.200 millones que se ejecutaría mediante la colaboración público-privada y que podría optar a los fondos europeos. Precisamente ayer mismo la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmaba que el Gobierno tiene la intención de presentar a la Comisión Europea el plan de recuperación «a lo largo del primer trimestre», con la previsión implementarlo en el tercero.

Según Fecoval, su propuesta (que se presentará de forma conjunta con la CEV) supondría una inyección de 8.800 millones de capital privado y otros 1.300 millones públicos. «De cada euro público llegarían seis privados», añade Santa Isabel, que también ocupa una de las vicepresidencias territoriales de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Las área de actuación serían, «en línea con las directrices de Europa», reindustrialización, digitalización, agua, energía, edificación, transición ecológica y movilidad. «Tenemos muchas esperanzas en la recuperación a través de los fondos europeos», reconoce el presidente de Fecoval tras un 2020 marcado por una bajada drástica de las licitaciones de obra pública.

Pero para que esa reactivación de la economía llegue es «imprescindible», según Santa Isabel, «aligerar los sistemas de contratación, que sean más flexibles. Lo que no quiere decir que se pierda seguridad jurídica, sino que los procesos administrativos sean más rápidos«. »No puede ser que el proceso de maduración de un proyecto se demore entre tres y cinco años«, añade.

Sobre el sector, el representante de los contratistas insiste en la necesidad de que los precios de las licitaciones sean conciliados por todos los agentes para evitar bajas temerarias. También que las cláusulas sociales «tengan un objetivo», además de potenciar la formación ante la falta de mano de obra en el sector.