Los contratistas urgen a Transportes a desbloquear el tramo central del by-pass

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) ha comenzado el nuevo curso trasladando al Ministerio de Transportes una reclamación que se arrastra desde hace años: el desbloqueo de la ampliación del tramo central del by-pass (288 millones de coste total), que se dividió en tres subtramos en 2014 cuando se reactivó un proyecto presentado en 2009.

En concreto, la petición de los contratistas se centra en el tramo más situado al norte que discurre entre los enlaces con la CV-32 y la CV-35, con una inversión cercana a los 120 millones, ya que el proyecto constructivo está redactado. De hecho, la Demarcación de Carreteras de la Comunitat lo tiene preparado bajo la denominación de ‘Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la A-7’ y así se aprobó a finales del año pasado la información pública para las expropiaciones.

La propuesta de desbloqueo se trasladó hace unas semanas por carta al nuevo director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), el alicantino Julián López, y ayer se materializó en la reunión que la organización empresarial mantuvo con la delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero. Una reivindicación que, además, se produce apenas 24 horas antes de la visita del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la Comunitat para inaugurar un tramo de la autovía A-38 entre Cullera y Favara, en obras desde 2009 y con una paralización de cinco años en su historial.

Los contratistas solicitan que el proyecto sea incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, actualmente en negociación, y también en los fondos de reconstrucción europeos. Esto último, según el director-gerente de la entidad, Manuel Miñés, por lo que implicarían las mejoras en esta carretera en cuanto a «descarbonización, estructura ambiental-paisajista, separación de tráficos de agitación y comárcales de los de largo recorrido, disminución de la accidentalidad y de las retenciones», así como un ahorro de tiempo anual para los usuarios que, trasladado a euros, supondría 12,53 millones, según las cifras de la CCCV.

Rechazan su inclusión en el denominado Plan Especial de Carreteras (PEC), que contempla la colaboración público-privada, dado que sigue en estudio por parte del ministerio. E insisten los beneficios que implicaría la obra, orientada también a reducir la siniestralidad en unos kilómetros con una IMD (Intensidad Media Diaria) de 85.204 vehículos y que han registrado 727 accidentes en tres años y 228 retenciones por accidentes o alcances, con1 hora y 27 minutos de retención media y hasta ocho de máxima, según datos de la Dirección Provincial de Tráfico.

Las obras del by-pass para el tramo reclamado por los contratistas supondrán la construcción de dos calzadas laterales, una a cada lado y adosadas al actual by-pass, que conectarán entre sí los enlaces actuales y permitirán separar el tráfico de agitación (es decir, el de trayectos cortos) del tráfico de largo y medio recorrido. Concretamente, los enlaces que se conectarán son los que dan acceso a las carreteras CV-32, CV-310 y CV-35.