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La falta de liquidez amenaza la viabilidad de pymes y autónomos de sectores como la hostelería o el comercio, obligados a parar durante el estado de alarma y que ahora ven denegadas sus solicitudes de la financiación pública llamada a evitar el cierre definitivo.
Los créditos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que prometió el Consell, entre otras medidas para suplir las carencias de las estatales, están en el punto de mira por su nivel de exigencia, que ha motivado una «queja formal» de la patronal autonómica.
Como publicó LAS PROVINCIAS, Confecomerç dio la voz de alarma acerca del rechazo de avales por baja solvencia, tras reunirse con 130 comerciantes, y reivindicó que el banco público «debería ayudar a los más débiles», a lo que el IVF replicó que no pueden cubrir los de dudoso cobro.
Poco después la patronal autonómica expresó su preocupación por esos créditos. Su webinar con los responsables del IVF, Manuel Illueca, y de Afín SGR, Cristina Alemany, superó los 290 participantes, y se saldó con la solicitud de reducir las exigencias para evitar «cierres directos de empresas, sin concurso de acreedores, sobre todo en el sector servicios«.
Al cabo de quince días, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, admitía este viernes que «no se ha notado mejoría» y han «pedido por escrito que rebajen el nivel de calidad crediticia« en atención a la situación que atraviesan las empresas tras un parón obligado de dos meses.
«Pedimos que el IVF y la SGR no vean solo la foto del momento, sino la situación anterior y el futuro que puede haber«, explicó, y achacó su »queja formal« contra ambas a que »no están teniendo la respuesta que deberían, como trasladan claramente desde el sector servicios«.
Al ICO, le urgió a reasignar cuanto antes los sobrantes de los tramos vigentes, ya que «si hay que esperar al 30 de junio, habrá empresas que habrán muerto». Según detalló, 23.266 empresas valencianas han solicitado 30.049 operaciones al ICO, el 11% del total nacional, avales por 3.000 millones de euros y 3.929 millones en financiación.
En el caso del Instituto Valenciano de Finanzas, no ofrece datos de solicitudes ni concesiones, pero asegura tener 460 créditos en estudio por importe de 383 millones, en sus distintas líneas, más otras 684 peticiones de autónomos y microempresas a Afín SGR por 78,15 millones.
Según Felipe Carrasco, portavoz de Industria del PP en Les Corts, «el IVF miente, ya que promete liquidez a las empresas pero luego les pone más trabas que los bancos porque no tiene capacidad ni fondos« suficientes para paliar las consecuencias económicas del coronavirus.
«Lo único que ha hecho es cambiar el nombre a las líneas que ya había, como las ayudas para los afectados de la DANA, y añadir la casuística del Covid-19 para que se puedan beneficiar«, critica Carrasco, quien reprocha al Consell que »no puede vender cosas que no tiene«.
También en materia de liquidez, la CEV reclama al Consell que aproveche el FLA extraordinario para liquidar los 235 millones de euros que Economía debe a empresas y asociaciones por convenios y actuaciones de 2019. «Eso es una liquidez que viene a ser sangre en las venas», sentenció Navarro.
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