Una de las dos obras del Plan de Cercanías licitadas este año queda desierta

Hasta el pasado abril, Adif únicamente había licitado dos contratos relacionados con el Plan de Cercanías por un importe de 1,36 millones entre los dos. Ahora se ha conocido que una de ellas cuenta con un 'Acta de declaración de desierto' del proceso de adjudicación. Se trata de la 'Ejecución de las obras del proyecto de adecuación a normativa, según reglamento de circulación ferroviaria, indicaciones y sistema ASFA en señales avanzadas de las estaciones de Chiva, Loriguilla y Aldaia', que pertenecen a la línea C-3 (Valencia-Buñol) de Cercanías. Precisamente esta línea es una de las que requiere una completa modernización al ser la que mayor número de deficiencias concentra y, sin embargo, la que más retraso acumula en cuanto a obras.

El contrato tenía un presupuesto de licitación de 506.853,79 euros (IVA incluido) y el anuncio se realizó el 21 de febrero. Las empresas podían presentar sus ofertas hasta el 23 de marzo pero ninguna compañía lo ha hecho, es decir, no registró ninguna proposición en el portal del licitador, en este caso Adif, que depende del Ministerio de Transportes. En concreto, las empresas debían presentar un proyecto para realizar la regulación de entradas en vía general en los enclavamientos del trayecto Aldaia-Chiva, donde se tendrían que realizar las obras. El plazo de ejecución era de seis meses.

Aunque la información oficial no hace referencia a los motivos, la inflación y la subida de las materias primas, la energía y la mano de obra estarían detrás de la decisión de las empresas de no optar al concurso, según fuentes consultadas por este periódico.

En este sentido, a comienzos de año, un informe de DoubleTrade reflejaba que las licitaciones desiertas en el sector público se han disparado un 559% en dos años. En el caso de la Comunitat, un total de 850 con 191 millones de inversión, según un informe de la Cámara de Contratistas referido a 2022, que constataba que la administración local era la más afectada por la decisión de las empresas.

El pasado abril, en su asamblea, la Confederación Nacional de la Construcción denunciaba que comunidades autónomas y ayuntamientos no aplican la revisión de precios contemplada en los decretos del Gobierno, «lo que incrementa el número de licitaciones públicas desiertas y afecta directamente al tejido empresarial, asfixiado desde hace casi dos años por las tensiones inflacionarias».