Los dueños de pisos turísticos alertan de que la nueva regulación lleva a la clandestinidad

Los propietarios de viviendas turísticas alertan de que el nuevo sistema para autorizar el funcionamiento de estos alojamientos les aboca a la clandestinidad debido al endurecimiento de los requisitos, implantados por cada ayuntamiento según la interpretación de su normativa urbanística gracias a la potestad que les otorga la nueva ley autonómica de turismo, en vigor desde el pasado 9 de julio.

En concreto, este fenómeno se ha detectado en especial en la ciudad de Valencia, donde sólo diez personas han solicitado el denominado informe de compatibilidad urbanística, necesario para poder inscribirse posteriormente en el registro autonómico de apartamentos turísticos. Según indican desde el departamento de Urbanismo a LAS PROVINCIAS, estos diez expedientes están todavía en estudio y pendientes, por tanto, de aprobación.

«Hasta ahora, no se ha dado de alta ninguna vivienda con arreglo a la nueva regulación. Antes era suficiente con una declaración responsable, pero ahora, con el requisito del informe de compatibilidad urbanística, lo que hay es un régimen de licencia. Esto lleva a más gente a operar de manera clandestina», explica el presidente de la Asociación de Pequeños Propietarios de Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat (Viutur), Francisco García.

Cabe recordar que el gobierno del cap i casal manifestó su intención de restringir los llamados apartamentos en un porcentaje que se estimó en un 70% sobre la oferta actual. En concreto, el informe de compatibilidad urbanística favorable del consistorio se acoge al Plan General de Ordenación Urbana de 1988, donde se determina que estos alojamientos sólo pueden estar en plantas bajas y primeras plantas.

Según cuenta García, las exigencias más duras y el trámite «tan farragoso» lleva a muchos propietarios a desistir «porque saben que no les van a dar la licencia».

En esa misma línea se expresa la presidenta de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia, Amparo Ballester. «Para solicitar el informe de compatibilidad urbanística hay que pedir un técnico y todo ese proceso tiene un coste de casi 1.000 euros», explica. «En muchas ocasiones el técnico advierte al propietario de que no cumplirá las condiciones, por lo que no se molesta en solicitarlo», sostiene Ballester, quien añade que sólo el 1% de las viviendas de Valencia puede cumplir esa regulación.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos de la Comunitat, José Benavent, coincide en que la norma autonómica -que da a los ayuntamientos el poder de autorización y de poner sus propios criterios- frena la legalización de estos pisos. «Cuando alguien va a informarse de los requisitos y ve lo duros que son, decide no pedirlos», sentencia.

No obstante, Benavent añade varios matices al respecto: «De esa gente que decide no pedirlo hay dos clases: los que optan por hacerlo de manera clandestina y los que cambian a alquileres convencionales». En ese sentido, el portavoz indica que cada vez más, los arrendamientos convencionales adquieren mayor rentabilidad frente a la caída del turismo, que se suma a los escollos burocráticos. «Puede crearse un mercado oscuro, clandestino, pero con un acceso limitado, ya que la mayoría de comercializadoras piden el registro», sentencia Benavent, en referencia a las páginas web como HomeAway y Rentalia, que accedieron a la petición del Consell de obligar a los apartamentos a tener un número de registro para ser publicitados. En el lado contrario está Airbnb, que se resiste a pedir este requisito.

Por otra parte, el portavoz de Turismo del PP en Les Corts, Fernando Pastor, manifestó recientemente que se «está dificultando la legalización» de este tipo de alojamientos debido al «colapso municipal» generado por la nueva ley. Según Pastor, esa norma está generando confusión entre los técnicos municipales a la hora de interpretarla y aplicarla. «Los propietarios que quieren registrar su vivienda se encuentran con que los técnicos municipales no saben cómo interpretar la ley autonómica y, por tanto, se quedan sin poder registrarla», aseveró.