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Los decanos de los colegios de Alicante, Castellón y Valencia. LP
Los economistas valencianos proponen que el Consell elimine o baje el impuesto de Transmisiones para facilitar la compra de vivienda

Los economistas valencianos proponen que el Consell elimine o baje el impuesto de Transmisiones para facilitar la compra de vivienda

Los profesionales urgen al Consell a poner en marcha las medidas de deducción fiscal anunciadas, como la disminución al 6% del ITP para menores de 35 años

Miércoles, 13 de diciembre 2023, 14:57

Eliminar o rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es la primera medida que reivindican la mayoría de los economistas valencianos para facilitar la compra de vivienda. Así lo han indicado en la encuesta de coyuntura semestral realizada por el Consejo General de Economistas de la Comunitat Valenciana. «El ITP es sensiblemente mayor al de bastantes comunidades autónomas. Está muy alto», indicó este miércoles Francisco Menargues, vicepresidente del CGE-CV y decano presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante.

En ese sentido, los economistas reivindicaron que la Generalitat ponga en marcha cuanto antes las deducciones fiscales anunciadas, como la rebaja al 6% del tipo de las transmisiones ITP y Actos Jurídicos Documentados (AJD) por compra de vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 35 años y también para compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, en ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros. Actualmente, este impuesto se sitúa en un 10%. «Esto, sumado a ese 20% del valor de la vivienda que se debe pagar, hace que el acceso sea muy complicado para una gran parte de la población y más teniendo en cuenta los precios actuales de la vivienda», señaló Juan José Enríquez, tesorero del CGE-CV y decano del Colegio de Economistas de Valencia.

Además de esta medida, los economistas abogaron por otras fórmulas para favorecer el acceso a la vivienda. En concreto, de mayor a menor prioridad, destacan la promoción municipal del suelo para la vivienda de protección oficial, la coordinación de planes urbanísticos entre municipios colindantes para la generación de suelo urbano, promoción de vivienda de propiedad municipal para su arrendamiento y actualización del módulo precio máximo de la VPO.

Otra cuestión abordada ha sido la idoneidad o no de subir los salarios. A diferencia de lo expuesto en otras ocasiones, la valoración de la mayoría de los economistas valencianos aboga por subir el salario y hacerlo acorde a la inflación. En concreto, así opina el 58% de los que han participado en la encuesta de coyuntura semestral realizada por el Consejo General de Economistas de la Comunitat Valenciana. «Consideran que el riesgo de una espiral inflacionista si se equiparan salarios al IPC es moderado, por eso apuestan por subirlos«, explicó Enríquez.

Por lo que respecta a las previsiones sobre cómo ven la deriva económica de la Comunitat en los próximos meses, la mayoría de los encuestados coincide en un empeoramiento. «Aunque la previsión es mejor para la Comunitat que para España, a diferencia de lo que ha sucedido siempre. En las ultimas ediciones de la encuesta ha habido una inversión de esta valoración», sostiene Menargues. No obstante, un 33,1% cree que la economía valenciana irá mejor en 2024. Por otro lado, un 36,5% considera que la economía española empeorará.

Entre los principales problemas económicos destacados por los economistas valencianos se encuentran la inflación, el coste laboral y el tamaño de las empresas, el cual consideran inadecuado. A estos tres, que componen el podio de los principales retos, les siguen el déficit de infraestructuras y comunicaciones, el precio de los combustibles y la escasez de abastecimiento de agua. Sin embargo, llama la atención que tres de estos desafíos los califican de «problema estructural». Se tratan de la «inadecuada dimensión» de las compañías, el déficit de infraestructuras y la escasez de agua.

En cuanto a su opinión sobre si mantener o no las medidas fiscales relacionadas con ciertos productos, el 38% considera que es preferible mantenerlas. Por contra, el 17% aboga por reducir estas ayudas, mientras que el 14% apuesta por aumentar «sustancialmente» las medidas actuales y un 17% pide que se incremente «algo».

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