Una empresa inmobiliaria da la solución para acabar con el problema de los okupas en España

El problema de la okupación sigue generando un intenso debate en España, donde propietarios e inquilinos se ven afectados por la inseguridad jurídica y la dificultad para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. Aunque las leyes han intentado equilibrar la protección de los propietarios con la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, muchos consideran que las medidas actuales son insuficientes para frenar este fenómeno.

En este contexto, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha planteado una solución que, según la empresa, permitiría resolver el problema de manera más eficiente. «Cuando un okupa entra ilegalmente en una vivienda, ya sea por razones de vulnerabilidad o no, debe ser desalojado por las fuerzas de seguridad, dotándolas de las competencias necesarias para intervenir, al igual que ocurre cuando un ladrón es detenido por robar».

La propuesta de ANA busca eliminar la intervención judicial en estos casos, argumentando que este proceso ralentiza los desalojos debido a la estructura garantista del sistema legal español. «Este enfoque administrativo evitaría la intervención judicial, que a menudo retrasa los procedimientos debido al carácter garantista de nuestro sistema judicial, al mismo tiempo que aliviaría la carga de trabajo de los tribunales, permitiéndoles centrarse en otros asuntos».

Desde la inmobiliaria defienden que la única vía efectiva para acabar con la okupación es transferir la responsabilidad directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según su planteamiento, España debería adoptar un modelo similar al de otros países europeos, donde los desalojos pueden ejecutarse de manera inmediata sin necesidad de una resolución judicial. «Los esfuerzos deben orientarse, no en legislar procedimientos más rápidos para desalojar a los okupas, que en la práctica no están dando resultados efectivos, sino en dotar a nuestros cuerpos de seguridad con las herramientas necesarias para actuar de inmediato ante una ocupación».

Asimismo, la ANA sostiene que la actuación de las autoridades debería ser inmediata una vez detectada la ocupación ilegal, sin establecer plazos de intervención. «Ya sea en un plazo de 24 horas, como ocurre actualmente, o en un plazo mayor, lo cierto es que para este tipo de ilegalidades no deben existir plazos de actuación, sino que se debe actuar a partir de cuando se descubre la comisión del delito».

Por otro lado, la inmobiliaria también propone medidas para prevenir conflictos relacionados con el alquiler, como la obligatoriedad de formalizar todos los contratos por escrito. En su opinión, eliminar los acuerdos verbales contribuiría a reducir los litigios y la incertidumbre jurídica en el mercado del arrendamiento.

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