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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el impuesto a las energéticas y bancos. José Ramón Ladra

Empresarios alertan de que las medidas de Sánchez afectarán a los consumidores

Sectores valencianos advierten de cómo los bancos y energéticas podrían revertir en el cliente las nuevas cargas impositivas anunciadas

Viernes, 15 de julio 2022, 02:48

Pese a los matices, los representantes de los sectores económicos de la Comunitat Valenciana comparten la misma preocupación sobre los efectos que pueden tener las ... medidas de Pedro Sánchez para atajar la inflación: la repercusión sobre los consumidores. Y es que, según indican, el impuesto a las entidades financieras y energéticas corre el riesgo de provocar un efecto rebote que acabe menguando más aún el bolsillo del ciudadano cuando vaya, por ejemplo, a realizar una transferencia bancaria. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este jueves que se prohibirá la traslación de estos gravámenes a los precios finales, la duda planea con fuerza sobre los sectores económicos.

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El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz, indica que aún es pronto para ver el impacto del impuesto en el sector energético. «Aún falta saber si se va a considerar el tamaño de la empresa, si es a productores o a comercializadores, la base de cálculo, entre otras cuestiones», explica Lacruz a LAS PROVINCIAS.

Por su parte, el presidente de la industria del metal en la Comunitat (Femeval), Vicente Lafuente, advierte de que estos impuestos pueden derivar en una judicialización del asunto. «Las medidas son muy electoralistas y además van a ser difíciles de aplicar», sostiene. «Los impuestos a los bancos siempre acaban repercutiendo al usuario y ahí el Gobierno comente un error. Y en cuanto a las energéticas, sí que están ganando cantidades muy elevadas y ahí le vemos un mayor sentido», agrega el dirigente.

Los dirigentes piden un pacto de Estado y que la Administración reduzca el gasto público, en lugar de «medidas electoralistas»

Por otro lado, el representante de la Confederación de Empresas Turísticas de la Comunitat, Luis Martí, destaca que se trata de una iniciativa más estética que quirúrgica. «Se necesita un pacto de Estado para combatir esta crisis», indica Martí, quien sostiene que el turismo será la primera actividad que notará la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos. Por su parte, el presidente de FVET, Carlos Prades, recuerda que «la situación del transporte es insostenible» y que necesitan «medidas más estructurales» para el sector, como la cláusula de revisión del precio.

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El presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, considera que las medidas del Ejecutivo no contribuirán a la reducción de la inflación. «El Gobierno salta de un campo a otro sin orden ni concierto, repartiendo miserias. Además, choca que se impongan impuestos a las eléctricas y los bancos, pero no se hable de la sobre recaudación del Estado vía IVA en estos meses del 2022 ni de recorte de gasto público», añade. En ese último punto coincide José Vicente Serna, presidente de Ateval, quien agrega que las medidas son «insuficientes» porque no refuerzan el tejido productivo ni el consumo.

Francisco Zamora, al frente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), considera urgente un plan ambicioso para ayudar en la compra de vivienda. En ese sentido, reclama también un banco público para conceder préstamos con tipos bajos a los más vulnerables. En su opinión, los impuestos a las grandes ganancias «están bien» siempre que no repercutan en los bolsillos de los ciudadanos, tal y como indica también Emili Villaescusa, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat. «Tanto las eléctricas como bancos tienen suficiente músculo para aguantar el impuesto», sostiene.

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Por último, el secretario de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada, asegura que los beneficios de estas empresas «pueden equilibrar la balanza» en tiempos de crisis y «ayudar a la ciudadanía a mitigar algunos efectos» de la misma a partir de las aportaciones al Estado. «No obstante nos preocupa que intenten cargar estos incrementos en sus aportaciones al cliente final», apostilla.

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