Empresas de transporte valencianas se instalan en Cuenca para pagar menores salarios

Empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera que operan en Valencia, en especial en el puerto de la ciudad, fijan en la provincia de Cuenca su domicilio social para beneficiarse de los menores salarios y cotizaciones a la Seguridad Social que establece el convenio colectivo en esa provincia en relación al valenciano.

Ese fenómeno, denunciado por CCOO PV ante la Inspección de Trabajo y que la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) urge a atajar, permite a esas compañías ahorrarse hasta 470 euros por trabajador al mes en salarios y unos 170 euros en cotizaciones a la Seguridad Social.

Para el sindicato, se trata de un caso de 'dumping social' y conlleva un fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria que afecta a unos 7.000 trabajadores en Valencia y Madrid y supera el millón de euros mensual solo en cotizaciones.

Ante las denuncias realizadas por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV, la Inspección de Trabajo ha requerido a diversas empresas que abran sus centros de trabajo en Valencia, apliquen el convenio colectivo de la provincia y retribuyan y coticen por sus trabajadores como es preceptivo.

En una de esas resoluciones, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social insta a la empresa investigada a trasladar de Cuenca a Valencia su cuenta de cotización y dar de alta en Valencia a aquellos empleados que prestan servicio en centros de trabajo ubicados en esa provincia. Además, le hace llegar el acta de liquidación correspondiente a las diferencias de cotización detectadas.

Según explica Jesús Ballesteros, responsable sectorial de CCOO PV, esta situación comenzó hace al menos «tres o cuatro años» y fue creciendo «como una moda», a medida que se extendía el ejemplo del incumplidor sin que esas prácticas le pasasen factura. «Empieza uno y, después, se corre la voz y van sumándose otros, todos ellos con el negocio en Valencia y que desarrollan su actividad sobre todo en el puerto, pero con el domicilio social en Cuenca«, relata Ballesteros.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, señala que tras recibir las primeras denuncias de trabajadores afectados comprobaron que «muchas empresas solo tenían una oficina en Cuenca, o ni siquiera eso, pero se acogían al convenio de allí», con la misma antigüedad que el valenciano pero tablas salariales inferiores en atención al nivel de vida.

Según el sindicato, Cuenca alberga unas 500 empresas de transporte frente a las 600 que posee Valencia, «algo absolutamente desproporcionado si comparamos la actividad que se desarrolla en cada provincia».

En cuanto al perfil de las denominadas 'empresas buzón', sociedades que no operan en el lugar donde tienen su sede, Jesús Ballesteros indica que «hay de todo», tanto mercantiles que trasladaron de Valencia a Cuenca su domicilio social como empresarios que constituyeron nuevas sociedades en esa provincia para pagar menores salarios y cotizaciones que en Valencia o en Madrid.

Desde CCOO mantienen que esa práctica constituye «un fraude, ya que el Tribunal Supremo unificó doctrina estableciendo que el convenio de aplicación es el del lugar en el que se desarrolla la actividad –en este caso, Valencia–, y no donde la compañía decida domiciliar su sociedad«.

Según sus cálculos, esa situación afecta a 7.000 trabajadores, que perciben menor salario que el vigente en el territorio donde prestan sus servicios, además de privar a la Seguridad Social de 170 euros al mes por empleado y generar competencia desleal a quienes cumplen sus obligaciones. Al respecto, Ballesteros echa en falta que «los propios empresarios denuncien la situación».

El presidente de FVET, Carlos Prades, admite que «hace mucho tiempo que se oyen comentarios en el sector sobre prácticas de ese tipo» pero recalca que «es un tema de la Inspección, que tiene que actuar ahí porque, evidentemente, lo que buscan es pagar y cotizar menos«.

El dirigente sectorial critica que «siempre hay gente que quiere inventar la rueda para pagar menos y genera competencia desleal porque se ofrece al cliente con ventajas económicas que obtiene de forma fraudulenta respecto a quienes cumplen«. En este punto, reclama que la Inspección »acabe con esas prácticas, que implican mucho dinero, y no solo vaya a por los cumplidores«.