Las alegaciones a las renovables se demoran 14 meses pese al límite legal de 30 días

Esta visible brecha es una de las conclusiones extraídas por Pedro Fresco, director de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), a la hora de analizar los tiempos medios que tarda la Generalitat para resolver las dos primeras fases de la tramitación de un expediente después de que el promotor haya solicitado las autorizaciones correspondientes a los órganos competentes. Es decir, la admisión a trámite y la fase de exposición pública. En el caso de la admisión a trámite, el plazo estipulado que la Administración debe cumplir es de dos meses, pero la realidad es que el promedio de los últimos cuatro años está en 132 días. Por su parte, la demora para sacar un proyecto a exposición pública es aún más sangrante al situarse en 430 días, un 1.400% por encima del plazo que marca la ley.

Dentro de las diferentes fases que componen la tramitación de un expediente en la Generalitat –que se encarga de los proyectos inferiores a 50 megavatios–, llama especialmente la atención la tardanza en la fase de exposición pública, al tratarse de uno de los trámites con menor complicación. En 2020, las empresas esperaron una media de 491 días, mientras que en 2021 lo hicieron 412 días. En 2022 esta cifra bajó drásticamente a los 174 días, algo que, según Fresco, se debe a que la Generalitat contrató a Tragsa para la gestión de algunos trámites, lo que permitía agilizar la burocracia. Sin embargo, este contrato finalizó en julio del pasado año y está pendiente de renovar, según señala el director de Avaesen.

Esta lentitud en la gestión de expedientes es una situación que se remonta años atrás y que a día de hoy sigue sin resolverse. Según el Informe de Situación de las Energías Renovables en la Comunitat Valenciana, la Comunitat «requiere de casi 150 años para alcanzar la meta fijada para el año 2030», que consiste en 6.000 megavatios en fotovoltaica y 4.000 en eólica. Durante el período 2019-2023, la media de instalación ha sido de 30 MW al año.

En este sentido, el presidente de la asociación, Marcos Lacruz, pone énfasis en que la aceleración del modelo energético «es clave» para la competitividad de la industria y la descarbonización de la economía valenciana. «Algo que ya han comprendido otras comunidades autónomas», agrega. A finales del año 2023, el 61% de potencia instalada en España (en MW) era de fuentes renovables, mientras que la contribución de la Comunitat era del 3% de la instalada a nivel nacional.