Las fotovoltaicas tienen en jaque 400 millones en avales

Esta cantidad es el resultado de multiplicar los 40.000 euros invertidos por megavatio por la potencia solicitada por las empresas, cuyos proyectos se acumulan en las tres consellerias implicadas en la resolución de estos expedientes. Según los cálculos de la patronal energética valenciana Avaesen, son 10.000 los megavatios –aproximadamente– que están a la espera de una resolución.

Sin embargo, según la dirección de Energía –dependiente de la Conselleria de Economia–, el número de megavatios solicitados y en vías de resolución es menor y se sitúa sobre los 7.500 MW. En ese caso, el dinero de los avales en jaque se sitúa en 300 millones de euros.

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Se tratan de cantidades elevadas que ponen en un aprieto a más de 160 pymes valencianas –más aparte las de otras regiones–. En concreto, quedan sólo dos meses para que estas empresas consigan una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva –o negativa– para poder pasar a la siguiente fase. En caso de que el atasco administrativo no se haya solventado, las que no lo hayan conseguido perderán el punto de conexión y se arriesgan a que les ejecuten los avales.

«Si lees el decreto, ves que deben ejecutar el aval sí o sí, pero en ningún caso se preveía que la Administración podía tardar dos años en conceder una DIA», explica el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, ante el colapso administrativo que ha sido motivo de disputa interna en el Consell. «Los cambios en Agricultura no favorecen tampoco», agrega en referencia a la destitución de Mireia Mollà, que culpó a las otras dos consellerias implicadas en la gestión de las tramitaciones. Pese a que Puig anunció la semana pasada una aprobación en cascada de resoluciones, las consellerias no han recibido instrucciones ni novedades sobre cómo agilizar los trámites.