Puerto Mediterráneo busca socios al entrar Intu en concurso

La promotora británica Intu Properties, que impulsa junto a Eurofund Investment el macroproyecto Puerto Mediterráneo en Paterna, ha entrado en concurso de acreedores al no haber podido llegar un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda y obtener liquidez, según ha informado la firma en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

Así, Intu ha nombrado como administradores concursales a James Robert Tucker, Michael Robert Pink y David John Pike, de la firma KPMG, contratada previamente para llevar la gestión de los activos en caso de llegar al concurso de acreedores. Ante esta situación, la firma ha solicitado a las bolsas de Londres y de Johannesburgo que suspendan la cotización de sus acciones con efectos inmediatos.

Pese a esta situación de la sociedad, Intu, cuya deuda suma unos 5.000 millones de euros, ha asegurado que los centros comerciales de los que es propietaria seguirán funcionando con normalidad. En España, la promotora británica es dueña al 50% del centro comercial madrileño Xanadú, cuya otra mitad pertenece al fondo Nuveen Real Estate. En este sentido, la empresa asegura que la situación de las filiales no cambia, ya que los contratos de los inquilinos son con estas sociedades y no con las que entran en administración concursal.

A pesar de esta situación, el proyecto anunciado para la Comunitat, que se desarrolla bajo el paraguas de la sociedad Intu Eurofund Valencia SL, sigue adelante. De hecho, debido a los problemas financieros que arrastraba su compañero empresarial desde el año pasado, el grupo español está buscando nuevos socios para el complejo comercial y de ocio.

También lanzó a comienzos de este mes una oferta a los británicos por su participación en el proyecto Intu Costa del Sol, en Torremolinos, en el que Eurofund es socio minoritario. La firma ya se deshizo en diciembre de 2019 de Puerto Venecia en Zaragoza y en enero siguieron el mismo camino con su centro comercial en Oviedo.

Mientras, Puerto Mediterráneo sigue a la espera de que se resuelva el conflicto judicial con la Generalitat, que anunció el pasado enero que presentaría recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), favorable al proyecto y contraria a la decisión del Consell de 2016.