El sector valenciano de las renovables teme perder 24 proyectos en Elche que suponen un inversión de 100 millones de euros para el municipio. La decisión del ayuntamiento de la localidad, gobernado por PP y Vox, de suspender la concesión de licencias urbanísticas para las plantas fotovoltaicas ha alarmado a la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de Energías Renovables (AVAESEN), que ha criticado este tipo de decisiones por dejar «entredicho la seguridad jurídica».
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El director general de la asociación, Pedro Fresco, alerta que esto podría ahuyentar las inversiones de «otras empresas e industrias» especialmente en una cuestión «tan sensible y capital para Europa» como la inversión en energías renovables. «Si el ayuntamiento quiere la plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables» concluye Fresco.
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Elísabeth Rodríguez
A raíz de esta suspensión de licencias, la patronal valenciana de las renovables estima que se van a dejar de invertir alrededor de 100 millones de euros en la localidad ilicitana en los próximos años y que se dejarían de crear 500 puestos de trabajo directos durante el periodo de construcción de estas plantas, además de varias decenas más de puestos fijos durante los 30 años estimados de periodo de operación de las plantas.
Por otro lado está el impacto económico directo derivado del arrendamiento del suelo para tres décadas. «Esta suspensión retroactiva puede hacer que se cancelen esos arrendamientos existentes», señalan desde Avaesen, que calcula que el perjuicio de esta cancelación sobre los propietarios de los terrenos será de aproximadamente 24 millones de euros en 30 años.
Responsabilidades patrimoniales
Desde Avaesen advierten que el ayuntamiento de Elche puede enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por la suspensión de licencias de obra a proyectos fotovoltaicos ya que, además de los promotores de las plantas afectadas podrían denunciar los propietarios de los terrenos por daños y perjuicios. En ese sentido, explican que los vecinos propietarios de los terrenos podrían emprender acciones legales al ver cancelados sus contratos de arrendamiento a 30 años, algunos de ellos inscritos en el registro de la propiedad y muchos de ellos incluso ya han pagado los impuestos de Actos Jurídicos Documentados por los 30 años de duración, dado que los arrendamientos «son legales y estaban dentro del ordenamiento en el momento en el que se formalizaron».
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Causas razonadas y argumentadas
Fresco, recuerda al consistorio de Elche que la CNMC ya ha avisado que la instalación de energías renovables es una actividad sometida a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que limitaciones de este tipo suponen una restricción al ejercicio de esta actividad. «Sólo imperiosas razones de interés general justificarían limitaciones de este tipo, que además deberían justificar la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de alternativas menos restrictivas», señala y añade que «es evidente» que una suspensión generalizada de licencias que aplica a multitud de pequeñas plantas fotovoltaicas en un municipio de casi 33.000 hectáreas «no es ni proporcional ni justificado, y mucho menos cuando no se puede invocar la protección del medio ambiente al haber recibido muchas de estas plantas informes ambientales positivos».
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Un buen número de las plantas solares fotovoltaicas tramitadas en Elche cuentan con todos los informes favorables, a falta de la licencia urbanística, lo que a judicio de Pedro Fresco «hace que la decisión del gobierno de Elche sea irresponsable» tanto por el quebranto económico como por «los cientos de miles de toneladas de emisiones de CO2 que se podría evitar emitir a la atmósfera» con la construcción de las plantas proyectadas. «Algo que nos aleja de los objetivos de generación de energía renovable de la Comunitat Valenciana. Y, más teniendo en cuenta, que muchas de las plantas cuentas con todos los informes favorables de Medio Natural, Calidad Ambiental, Paisaje, Patricova, Confederación Hidrográfica, Urbanismo, etc. Y tan solo están pendiente de resolución por el Servicio Territorial de energía de Alicante», sentencia.
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